El Gobierno ha cambiado la norma para que el Estado puede tomar el control accionarial de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y ha lanzado una oferta de compra de títulos al amplio elenco de bancos y aseguradoras propietarios. Su talón es simbólico: pagará un máximo de 194,35 euros por el 54,1% que no controla, pero da la oportunidad a los inversores de salir de una compañía con patrimonio negativo y sin expectativas de ofrecer rentabilidad alguna. Sin embargo, la decisión de vender o no se complica porque hay en juego hasta 775,43 millones de euros en deducciones fiscales.
Si se materializasen en su integridad los inversores privados podrían limitar el quebrando de su inversión a 1.832,17 millones de euros o al 70,26% de los 2.607,6 millones que aportaron en los años 2012 y 2013 para levantar un vehículo que sirvió para sacar los activos tóxicos de los balances de las cajas de ahorros insolventes y despejar, por extensión, la sospecha de impagos escondidos que se cernía sobre el conjunto del sector financiero.
Presión para vender
No obstante, es más que factible que los quebrantos sean superiores y la recuperabilidad de las aportaciones no llegue a máximos por, entre otras razones, la necesidad planteada por el Gobierno de que el también llamado banco malo sea controlado por el Estado y eso motive que algunos accionistas puedan acabar vendiendo parte o toda su participación sin poder compensarse al máximo las pérdidas incurridas.
Ambos impactos, deducibilidad y quebrantos, están estimados bajo hipótesis de máximos aplicando la normativa fiscal de las sociedades, con independencia de los casos singulares de cada inversor que, por el momento, no han mostrado del todo sus cartas. Según expertos fiscales y financieros consultados por elEconomista, las 27 entidades que ayudaron a crear el banco malo con sus aportaciones (hoy 25 tras absorber el Santander al Popular y CaixaBank a Barclays) podrían computar contablemente las pérdidas de su inversión a efectos fiscales cuanto enajenen o transfieran su participación.
En el mejor de los casos la cuantía a deducir sería equivalente a su tasa impositiva (del 30% en la banca y del 25% en el resto de compañías -hay 11 aseguradoras e Iberdrola en el accionariado-). Para estimar las cifras del potencial cheque fiscal y, por derivada, de qué serían pérdidas se toman ambas tasas como escenario hipotético.
Sin embargo, la situación difiere en mucho según la cuantía invertida y eso complica la operación que desea realizar el Gobierno a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), dueño del 45,6% de la Sareb en nombre del Estado, ya que los accionistas que comprometieron más de 20 millones tendrán que esperar a que se liquide el banco malo para optimizar fiscalmente la operación y solo cuentan con manos, aparentemente, libres el resto.
Llevado al escenario que se ha abierto significa que 12 de los 25 accionistas privados deberían permanecer en el capital hasta la extinción de la sociedad semipública, prevista para el año 2027, si quieren maximizar el ajuste fiscal. Son Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank, Bankinter, Banca March, Ibercaja, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral Popular, Mapfre y Mutua Madrileña. Los 13 restantes sí podrían transmitir su participación en cualquier momento y compensar el quebranto con desgravaciones como se hace con otras minusvalías o, incluso, gastos de ciertas partidas.
La diferencia viene marcada por el artículo 21 de la Ley de Sociedades relativo a las sociedades participadas. En su redactado establece que las inversiones en compañías participadas generan créditos fiscales o activos por impuestos diferidos cuando la posición es de, al menos, un 5% de la participación o de 20 millones. En la Sareb aplica el umbral de los 20 millones.
Un crédito fiscal es como un derecho frente a la Hacienda Pública generado por quebrantos, pérdidas o gastos y lo podrían invocar para reducir su tributación pero, según la letra del citado artículo, nunca antes de que la sociedad en la que participan se liquide. Si reducen la cuota con una venta parcial al Frob verán reducido su cheque fiscal en idéntica proporción, según explican los expertos consultados. Si esperan a la liquidación podrán contabilizar entonces el quebranto y compensarlo para menguar la factura tributaria sin límite de plazo.
El escenario es complejo ya que los 13 accionistas que no están obligados a permanecer apenas controlan un 2,21% del capital de la Sareb, equivalente a una inversión conjunta de 106 millones, y el Frob necesita adquirir un mínimo del 4,32% para tomar el control.
Los grupos tienen hasta el 1 de marzo para tomar una decisión sobre una posible desinversión
En la creación de la Sareb el Gobierno reclamó a todas las grandes empresas y, particularmente a las entidades, que contribuyesen a montarlo para evitar que el Estado tuviese el control accionarial y evitarse tener que imputar la deuda del banco malo en unas cuentas públicas que carecían de ese margen.
Su creación fue una imposición de la Troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) entre las exigencias impuestas a España a cambio de dispensar un crédito de 100.000 millones para ayudar a la banca, del que se dispusieron 41.300 millones. En ese 2012, la deuda pública había escalado hasta suponer un 84,2% del PIB -sumó 14,8 puntos porcentuales frente a 2011-, el Tesoro tenía dificultades para captar fondos y el déficit escaló al 10,6% del PIB.
Sumar la Sareb en ese momento hubiese supuesto agregar los más de 50.000 millones que emitió en bonos para pagar a las cajas cesionarias de más de 200.000 activos, en forma de inmuebles y créditos para constructores y promotores.
Cómputo de la deuda
La situación cambia cuando el Eurostat obliga el pasado año 2021 al Gobierno a pasar por deuda pública los 34.918 millones de euros que el banco malo tenía en su pasivo o deuda a cierre de 2020 y llevar a déficit su patrimonio negativo de 10.500 millones. Al tener impacto en el Erario y finanzas públicas, el Gobierno cambia la ley y el Frob lanza la oferta para asumir el control. Su propuesta formal la formuló a finales del pasado mes y bancos, aseguradoras e Iberdrola tienen hasta el 1 de marzo para tomar una decisión en sus consejos de administración. La gran banca se ha mostrado receptiva a desinvertir parcialmente durante las recientes presentaciones de resultados.
"Tenemos tiempo para hacerlo y el Consejo tomará la decisión que corresponda cuando toque", explicó el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri. La entidad invirtió casi 600 millones y alberga unos 170 millones en activos diferidos. El banquero aclaró que no es un cheque fiscal, sino que "cuando ganas pagas impuestos y cuando pierdes los compensas" y recordó que la creación de la Sareb, como "requerimiento de Bruselas", se realizó en una situación donde había una "tensión extraordinaria" sobre la prima de riesgo y la capacidad de emitir deuda pública, lo que hacía "muy importante que la Sareb tuviera una propiedad privada para que no computara en deuda pública". "Supongo que nadie pensó que aquello era un gran negocio, sino que era la necesaria aportación para ayudar y apoyar a la estabilidad del sistema financiero", refirió.
La mitad de socios debe estar en el 'banco malo' hasta 2027 para maximizar el ajuste fiscal
El Santander, mayor accionista privado con más del 22% del capital tras comprometer casi 1.000 millones en inversión, está "colaborando" con el Tesoro para realizar una pequeña desinversión, según detalló su consejero delegado, José Antonio Álvarez. "Se hicieron unos decretos para valorar de una forma más ajustada los activos inmobiliarios, fue un ajuste muy duro, pero permitió recuperar la mayor normalidad en la prima de riesgo. La valoración en conjunto de esa historia como ciudadanos debe ser positiva, a pesar de que ha tenido un coste muy elevado para la sociedad y las cuentas de resultados de los bancos", expuso a su vez el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, reconociendo que "fue duro, pero permitió solventar la situación". El grupo no prevé salir por completo ni cree que el Gobierno deba tomar el control total. En tono similar se pronunció la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa: "Diría que es la crónica de una historia anunciada, es un fin ya anticipado por los bancos", asumiendo que "el impacto será pequeño" al estar provisionado.
Las entidades tienen reconocido en sus balances el valor nulo o cero de la posición en Sareb y han efectuado las correspondientes dotaciones. Significa que la transferencia de los títulos al simbólico precio ofrecido por el Frob no tendrá impacto alguno, salvo que hayan reconocido los potenciales activos fiscales y tengan que ajustarlos si cristalizasen en un importe diferente.
