Valencia
El departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana que dirige la vicepresidenta Mónica Otra ya tiene luz verde para licitar el que supone uno de los mayores contratos de la Administración autonómica: el macroconcurso de plazas públicas para mayores en residencias privadas. Una licitación que siempre ha estado marcada por la polémica, pese a que Oltra ha insistido en que no sigue el denominado 'modelo Cotino' que aplicaron los gobiernos anteriores del PP.
El Pleno del Consell ha autorizado el proceso para la contratación para la puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de un total de 7.100 plazas en centros residenciales de personas mayores de la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Oltra ha mantenido varios tira y afloja con las empresas que prestan estos servicios sociales y la propia Oltra siempre ha defendido que deberían ser asumidos directamente por el sector público o el tercer sector.
Un concurso que cuenta con un valor de licitación total de 542,81 millones euros (IVA incluido). El plazo del contrato es de tres años, aunque se contempla la posibilidad de ampliarlo por otros dos años más, lo que incrementa sustancialmente la valoración, según explicó la propia Mónica Oltra en la rueda de prensa posterior al Consell.
Según la Generalitat, el contrato tiene como finalidad unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos.
La Administración autonómica asegura que este contrato lleva aparejada la implantación de un cambio en el sistema de adjudicación, de manera que va determinada por criterios de calidad, con la introducción de nuevos parámetros valorables mediante fórmulas objetivas.
Entre ellos citan criterios de carácter social, medioambiental y de innovación, que modulan la relación coste-eficacia y la relación calidad-precio, y que pueden estar relacionados con la alimentación que se ofrece en las residencias o con mejoras laborales y salariales.
Gestión en el punto de mira
El reparto de las plazas públicas entre los operadores privados siempre ha generado tensiones. Además, la situación de los centros está ahora mismo en el foco por los fallecimientos y la atención durante la pandemia, además del reciente incendio con 9 residentes fallecidos en un centro pública de Moncada, pero gestionada por una firma privada y cuyo contrato estaba caducado y prorrogado desde hace años.
