
Una de las promesas de legislatura firmada entre el PSOE y Podemos era incluir la salud bucodental dentro de los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Hasta la fecha no ha habido movimiento, pero entre los planes del Ministerio de Sanidad está darle curso a esta medida a lo largo del presente año. En el seno del departamento que dirige Carolina Darias se encuentra un documento que refleja que la financiación necesaria para cumplir con lo prometido es de 5.423 millones de euros si el planteamiento es ofrecerlo sin copago de ningún tipo.
El informe fue presentado por la empresa Vitaldent a la Dirección General de Farmacia y Cartera Básica de Servicios, dirigida por Patricia Lacruz. Según ha podido saber este medio, la acogida fue buena y el trabajo se encuentra en un proceso de debate que se llevará a cabo en el seno del Consejo Interterritorial, una reunión que mantiene el Gobierno central con las comunidades autónomas.
El documento ha contado con la participación de la CEOE, así como por la patronal Fenin, que representa a los proveedores de tecnología sanitaria. Asimismo, ha tenido un fuerte componente académico, hasta el punto que el responsable del documento final es Alberto Montero, doctor en ciencias económicas por la Universidad de Málaga.
Tres estimaciones
Los 5.423 millones que costaría la financiación de la salud bucodental en España no es la única horquilla que se maneja. El informe presentado a Sanidad establece otras tres cantidades en función del grado de copago. Por ejemplo, si se pensara legislar con un copago del 15%, la financiación bajaría hasta los 5.155 millones de euros. Mientras tanto, si se pensara en que el ciudadano pagara los costes de la mitad de la atención sanitaria, el baremo se reduciría hasta los 4.532 millones de euros. Montero explica que el copago no se ha pensado como herramienta disuasoria, sino moldeable según el servicio. Es decir, que algunas intervenciones no tuvieran copago y otras sí, y recomienda establecerlos con criterios de salud pública. En el estudio económico sí que se observa variabilidad de costes porque habría diferentes niveles de demanda.
Otro de los aspectos que recalca el responsable del informe es el modelo a seguir para implantar el servicio de salud bucodental. El autor considera que "no tiene sentido ofrecerlo desde el sistema público porque no hay estructura". La propuesta se encamina a concertar el servicio con los dentistas. "Lo que debe hacer el Estado es asegurar el derecho a la salud bucodental", resume.
Sin embargo, no todo es cuestión de dinero. El documento observa que el principal problema para una ampliación parcial de la cartera de servicios es "de naturaleza institucional" y radica "en la estructura competencial del SNS y la atribución de competencias" lo que se traduce en la posibilidad de que, llevado al extremo, puedan coexistir hasta diecisiete modelos distintos de prestación de servicios con carteras diferentes y presupuestos diversos.
Este problema autonómico no es nuevo en la rama sanitaria. Cada vez que se implanta un nuevo servicio o se aprueba un medicamento la historia se repite
"La ampliación de la cartera desde el gobierno central difícilmente puede plantearse si no va asociada a una transferencia de recursos que financien la misma y, aún así, el impacto será diferencial sobre la población en función de los modelos de prestación de cada CCAA", reza el informe. Montero añade que existen tres modelos que pueden existir en las comunidades, pero siempre que el dinero llegue por transferencia estatal. "Se podría hacer desde lo público, mixto o derivando el servicio a los dentistas, pero si el dinero no llega del estado no se podrá hacer", resume.
Este problema autonómico no es nuevo en la rama sanitaria. Cada vez que se implanta un nuevo servicio o se aprueba un medicamento la historia se repite. La decisión es competencia del Ministerio y la ejecución de las comunidades y es esto lo que explica las diferencias. En muchas ocasiones, desde los 17 territorios se ha esbozado la queja resumida en el "yo invito y tú pagas". El informe avisa de que no atender a tiempo supondrá un mayor coste, además de la consecuente pérdida de salud. "El tratamiento médico y la hospitalización suelen ser mucho más caros". Según Sanidad, el gasto total en servicios odontológicos ascendió en 2018 a 3.678 millones de euros, de los cuales 61 millones de euros correspondieron a gasto público.