La Comunidad de Madrid prepara la nueva normativa para regular los vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC, con el objetivo de conseguir su aprobación durante el primer semestre de 2022. A través de la Ley de Medidas urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización, la región que encabeza Isabel Díaz Ayuso incorporará en la norma la obligatoriedad de los propietarios de estos vehículos de elegir entre coches con etiqueta ECO o Cero emisiones a la hora de renovar sus flotas.
La Comunidad de Madrid tiene actualmente, de acuerdo con los registros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 8.194 licencias VTC concedidas. Pese a que no existe un registro oficial de cuántas de ellas operan con vehículos con distintivo ambiental B o C, según un cálculo del edil socialista Alfredo González hace poco más de un año, existen en la capital "1.000 vehículos VTC dados de alta o adscritos a servicio tras el 24 de octubre de 2018 con etiqueta B o C". En este sentido, el anteproyecto de ley también establece limitaciones para aquellos vehículos que, actualmente, circulan con licencia VTC y portan alguna de estas etiquetas.
En concreto, el citado documento señala que estas licencias dejarán de tener autorización para realizar transporte urbano el próximo 31 de diciembre de 2022 si cuentan con la etiqueta A o B y hasta el 31 de diciembre de 2027 si cuentan con la etiqueta C.
Las diferentes comunidades autónomas tienen como fecha límite el próximo mes de octubre para regular la actividad de las VTC en trayectos urbanos. Cabe recordar que el Real Decreto Ley 13/2018, también conocido como Decreto Ábalos, prohibió a las licencias VTC realizar trayectos urbanos después de esta fecha, momento en el que termina un período de transición de cuatro años para su entrada en vigor.
En el mismo decreto, el entonces Ministerio de Fomento transfirió las competencias a las comunidades autónomas para regular la actividad de estas licencias y, entre otras cosas, habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos, que son la mayor parte de su actividad. Por ello, las diferentes regiones tienen ahora nueve meses para seguir a Madrid y regular este servicio. Todo ello, con el taxi en contra.
