Castellón
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, ex presidente y ex consejero delegado, respectivamente, de la empresa Escal UGS, adjudicataria del proyecto Castor, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que fueron acusados, así como a la propia compañía, participada mayoritariamente por ACS.
La puesta en marcha del depósito de gas Castor provocó una fuerte alarma social en la costa de Castellón y Tarragona, al generarse centenares de pequeños terremotos que se percibieron en varias poblaciones de esas comarcas.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, absuelve a los dos acusados y a la empresa del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo para la vida e integridad física de las personas, con ocultación de información a la administración y con un grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico por el que venían acusados, sin hacer declaración sobre responsabilidades civiles derivadas del delito, y declara de oficio las costas procesales.
El tribunal observa la ausencia de dolo, por considerar evidente que "la conducta de los acusados tenía por finalidad el desarrollo de una actividad industrial y no la pura intención de causar terremotos (eventos sísmicos) capaces de producir efectos lesivos o dañosos".
La sentencia considera que los acusados no eran conscientes de que con su actividad "se pudiera generar un riesgo cierto de perjudicar el medio ambiente y, no obstante ello, ejecutaran la acción (dolo eventual)".
"Pero es que, además, ha resultado acreditado que los acusados no permanecieron impasibles ante el aumento de la sismicidad entre los días 9 y 17 de septiembre, sino que por el contrario fueron adoptando medidas correctoras a medida que iban teniendo conocimiento del aumento de la sismicidad causado por su actividad empresarial".
En este sentido, la sala aprecia el hecho de que "procedieron a analizar detalladamente la evolución de la sismicidad inducida y se redujo la tasa de inyección de gas tras un análisis preciso de los datos, además de informar a las autoridades de dicho aumento de la sismicidad".
Procedimiento judicial
El juicio comenzó el pasado 8 de octubre en Castellón. La acusación pública solicitaba una petición para cada uno de los dos directivos acusados de 6 años de prisión y 15.600 euros de multa, aunque eliminó en la calificación el riesgo catrastrófico, al considerar que no había quedado acreditado; mientras que las defensas pidieron la libre absolución tanto de los acusados como de la mercantil.
Por su parte, un total de 123 afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS, SL -participada mayoritariamente por ACS- y a los dos directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la "ola de pánico" generalizado que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representaba a la asociación de afectados Aplaca.