El presidente de Escal UGS y su consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en septiembre de 2013, han declarado este lunes que durante ese proceso "nadie percibió el más leve temblor".
La actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 "no ha alterado" la peligrosidad en la falla de Amposta, han declarado en el juicio que se sigue desde este lunes contra ellos en la Audiencia de Castellón. Asimismo defendieron que la peligrosidad de esa falla sigue siendo la más baja de España, a la vez que dijeron que durante el proceso se cumplieron todos los protocolos de seguridad.
Del Potro ha explicado, a preguntas de la fiscal, que se conocía la existencia de microsismicidad en la zona pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan. Añadió que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección (frente a las costas de Vinaròs) era un seísmo de 4,7 grados, una cifra "lejos de suponer un riesgo real".
El proyecto Castor
El proyecto Castor, que se clausuró en 2017, obtuvo una concesión administrativa en 2008 para explotar un almacén subterráneo de gas que aprovechaba la estructura geológica de un antiguo yacimiento de petróleo de Amposta.
La inyección de gas bajo tierra realizada en septiembre de 2013 frente a la costa de Vinaròs provocó más de 500 seísmos. Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu (Castellón), y EN Amposta y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.
Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1,84 millones de euros por lo daños morales producidos por "la ola de pánico generalizado" consecuencia de los 552 seísmos detectados en las poblaciones afectadas.
Estas han sido las fecha clave del proyecto de almacenamiento submarino Castor (2013-2021):
- 14 junio de 2013 - Comienzan las actividades en el almacén subterráneo de Gas Natural Castor en un antiguo yacimiento petrolífero marino de Amposta, a más de 1.700 metros de profundidad y a unos 22 kilómetros de Vinaròs.
- Septiembre de 2013 - Detectados microterremotos en la zona del delta del Ebro. Se ordena el cese temporal de los trabajos.
- 3 octubre de 2013 - El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señala la "probabilidad alta de que haya una relación directa" entre las inyecciones de gas y los movimientos sísmicos.
- 12 mayo de 2014 - El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que los más de 400 seísmos registrados tienen una "relación directa" con la inyección de gas.
- 3 octubre de 2014 - El Gobierno de Rajoy fija en 1.350,7 millones de euros la indemnización Escal UGS, participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, por la renuncia a la concesión.
- 16 octubre de 2014 - El Congreso de los Diputados convalida el real decreto-ley por el que se cierra el almacén de gas. El PSOE recurre el decreto.
- 11 noviembre de 2014 - Escal recibe la indemnización de 1.350,7 millones.
- 22 diciembre de 2017 - El Tribunal Constitucional anula la indemnización. En este año se clausura finalmente el proyecto.
- 4 enero de 2019 - Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones que habían aportado.
- 31 octubre de 2019 - El Consejo de Ministros aprueba el sellado definitivo del almacén Castor. Poco después, el Supremo admite a trámite el recurso de la Escal UGS contra esa decisión.
- 29 octubre de 2020 - El Tribunal Supremo reconoce el derecho de los bancos a ser indemnizados.
- 29 diciembre de 2020 - El Gobierno aprueba el pago de los 1.350,7 millones a los bancos. Se hará efectivo con la emisión de deuda pública por 638 millones y el resto con baja en otros créditos presupuestados por el Estado.
- 18 octubre de 2021 - La Audiencia Provincial de Castellón inicia el juicio del "caso Castor" para delimitar responsabilidades ante la demanda de 123 vecinos del norte de Castellón y sur de Tarragona afectados por los seísmos.
