Iberdrola se ha puesto manos a la obra para tratar de desencallar la operación de compra de PNM Resources en Estados Unidos, que le permitiría crear un gigante de 40.000 millones en el país.
La eléctrica ha presentado ante la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México un escrito, al que tuvo acceso elEconomista, en el que se muestra dispuesta a aceptar todas las modificaciones de su operación del documento de compromisos presentado el pasado 4 de junio así como los cambios realizados con las partes implicadas. Todos estos cambios suponen un coste de alrededor de 300 millones para la compañía española.
Iberdrola, no obstante, quiso dejar patente su total oposición a las conclusiones emitidas el pasado 1 de noviembre por el examinador de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México.
El examinador del organismo estatal, Ashley C. Schannauer, pidió que se rechazase la compra de PNM Resources al asegurar que la operación supone más inconvenientes que ventajas para los clientes de dicho estado en una adquisición que se eleva a 8.000 millones de dólares (6.900 millones incluyendo la deuda).
Schannauer pidió a la Comisión -que se reunirá previsiblemente en las primeras semanas de diciembre- que si el organismo decidía aprobar la compra se debían imponer, como mínimo, las condiciones pactadas por la empresa con las partes implicadas.
El examinador aprecia en su informe hasta seis motivos por los que considera que la operación de Iberdrola -a través de su filial Avangrid- no es apropiada. Por un lado, pone en duda que la transacción proporcione beneficios a los clientes de PNM Resources, teme por la jurisdicción de la propia comisión estatal, augura una disminución de la calidad del servicio, una subvención indebida de actividades no relacionadas con el suministro eléctrico y reclama una verificación cuidadosa de las calificaciones y la salud financiera de la empresa, además de una adecuada protección contra los daños a los clientes.
Caso Villarejo
El informe destaca, además, la irrupción en el análisis del llamado caso Villarejo. El examinador asegura que entre las preocupaciones que aparecen para esta operación figura la investigación penal de un juzgado de instrucción español del presidente y otros altos ejecutivos de Iberdrola por soborno, violación de la intimidad y falsificación de documentos comerciales.
Iberdrola, por su parte, indica en el escrito que además de las peticiones de junio está dispuesta a aceptar que se nombre a una mayoría de consejeros independientes en PNM, aunque considera que no es necesario ni beneficioso para los clientes, "pero si la Comisión determina que tal requisito es necesario, la compañía aceptará todas estas modificaciones".
La eléctrica española entiende que el Compromiso Regulatorio sugerido por el que se prohíbe a los empleados de PNM ocupar puestos preservaría la actual estructura de gestión actual.
El plan incluye, entre otras cosas, la creación de 150 empleos en la zona, así como no pedir revisión de tarifas hasta 2023.
