Con la pandemia en mínimos, las ideas del principio de la legislatura comienzan a brotar. Unidas Podemos ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que busca recuperar su estrategia de dejar morir el sistema de Muface en España mediante la pérdida paulatina de clientes.
De esta forma, piden que las personas que se conviertan en funcionarios sean recogidos por la seguridad social en lugar de poder elegir el sistema que prefieran, como ha sido hasta ahora. En su día, la responsable de Sanidad en el partido morado, Amparo Botejara, señalaba que el sistema genera inequidades entre los ciudadanos.
Poco después de conocer la noticia, la patronal de la sanidad privada, Idis, ha emitido un comunicado en el que rechazan de plano la propuesta de Unidas Podemos en base a argumentos económicos. "El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos", explica la patronal que engloba a las empresas que prestan el servicio al Estado.
En base a esos datos, la patronal indica que suprimir el modelo, objetivo último de Unidas Podemos, costaría unos 3.000 millones de euros al Sistema público para poder atender a los casi 1,8 millones de mutualistas que existen en la actualidad. Esa cantidad, añaden, no incluiría "las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia".
La actual ministra de Sanidad ya le ha dejado claro a Podemos que su modelo cuenta con Muface. Cuando era titular de Política Territorial y Función Pública ya dijo en dos ocasiones (en el Senado y por carta a la oposición) que el Gobierno seguiría contando con el sistema de aseguramiento.
Sin embargo, parece que hay dos almas en el Ministerio de Sanidad. Hace un año vio la luz el 'Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19', un documento firmado por el ex secretario general de Sanidad Faustino Blanco, antes de su destitución para dar paso a Silvia Calzón.
En el informe, dentro de las acciones a emprender para "mejorar la eficiencia económica en salud", se marca en su primer punto que hay que "abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud". Una frase que el sector entiende como una eliminación de facto.
