Los rebrotes vividos durante el primer periodo del año y las consecuentes restricciones a la movilidad para cercarlos se ha traducido en una continua necesidad de liquidez para las pymes españolas con el objetivo de poder afrontar sus pagos. Según un informe del Banco Central Europeo (BCE) fechado junio, que analiza la situación de las pymes de la zona euro durante el Covid-19, las pequeñas y medianas empresas españolas son las que más han incrementado su endeudamiento en lo que va de año, elevándolo un 19% más, frente al incremento del endeudamiento que este tipo de firmas han vivido en otros países: del 18% en Italia; del 12% en Francia o tan solo del 1% en Alemania.
Con este nuevo dato, los augurios del BCE se cumplen. A finales del pasado verano, el organismo ya alertó de que las compañías españolas era las que más se estaban endeudando de Europa, especialmente, a través de los avales ICO, y por la escasez de alivios fiscales (moratorias de deuda o inyección de ayudas directas) de nuestro país frente al resto.
Precisamente, en este aspecto, el supervisor europeo remarca que "sólo el 14% de las pymes españolas declararon haber recibido este tipo de ayudas", en referencia a las moratorias fiscales y rebajas de impuestos, siendo las compañías francesas e italianas las que más recurrieron a este tipo de alivios. Asimismo, respecto a las medidas de apoyo salarial, los porcentajes más altos se observan en Francia (el 67% de las pymes los recibieron), seguido de Italia (55%), Alemania (45%) y España (31%).
Regresando a la financiación dada a las pymes españolas, además de las líneas de liquidez puestas en marcha por la banca para éstas tras el estallido de la pandemia, el Ejecutivo puso a disposición a inicios de la crisis 100.000 millones de euros avalados por el ICO. A cierre de mayo, ya se han consumido casi 91.200 millones de euros avales, de los que las pequeñas y medianas empresas han absorbido en su mayoría. Concretamente, 67.300 millones del total, el 73% de los avales.
A pesar de estas medidas puestas en marcha, el BCE recoge en su informe que España fue el único de los cuatro países más grandes de la zona del euro en el que aumentó el porcentaje de pymes que declararon haber percibido obstáculos a la financiación. "En España aumentó el porcentaje de pymes con dificultades de financiación (10% -en lo que va de año-, frente al 8%, de 2020), y un mayor número de pymes señalaron que no habían presentado su solicitud por temor a ser rechazadas", señala el organismo.
En Italia, por su parte, aumentó el porcentaje de prestatarios desanimados, pero el indicador global de restricciones financieras se mantuvo prácticamente sin cambios (en el 8%), compensándose este aumento principalmente con una disminución del porcentaje de empresas rechazadas. En esta ronda de encuestas, los porcentajes más elevados de pymes que declararon tener dificultades para acceder a los préstamos bancarios se observaron en Eslovaquia (12%, frente al 7%) y Grecia (22%, frente al 27%).
Más firmas vulnerables
Por otro lado, el organismo supervisor destaca un dato preocupante sobre las pequeñas y medianas compañías de nuestro país, en lo que se refiere a los indicadores de rentabilidad y vulnerabilidad de las mimas. El porcentaje de empresas vulnerables sigue siendo especialmente elevado en España (17,1%, frente al 18,9%) e Italia (13,4%, frente al 11,3%), mientras que los niveles son menores en Alemania (7,2%, frente al 8,9%) y Francia (8,9%, frente al 9,6%).
Las compañías más vulnerables y poco rentables se encuentran con un segundo problema a la hora de sobrevivir. El paquete de 11.000 millones de euros en ayudas directas puesto en marcha por el Gobierno el pasado mes de marzo, remarcaba que iba destinado a empresas y pymes que fueran rentables, para garantizar su supervivencia y que los alivios no cayeran en saco roto.
Ante este complejo escenario para las empresas de menor tamaño de nuestro país, aún falta por comprobar su capacidad de respuesta para abonar su deuda una vez comiencen a expirar las carencias de pago aprobadas para los créditos ICO, que permitieron retrasar el plazo de devolución hasta un máximo de dos años.
