Los reguladores han hecho una defensa de sus actuaciones y no ven con preocupación que, en determinados casos, se hagan públicas las aperturas de expedientes de investigación de posibles irregularidades, después de que la banca acusara a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de haber hecho "un daño reputación irrecuperable" al dar a conocer el inicio de un proceso contra varias entidades por la canalización de los créditos ICO.
La presidenta de la propia CNMC, Cani Fernández, ha considerado en unas jornadas organizadas por Apie y BBVA que su organización tiene que hacer "públicas sus decisiones por ley" y que, al igual que cuando se archivan las investigaciones también se debe informar sobre la apertura, por cuestiones de transparencia porque "tiene efectos para el orden público". Además, ha señalado que "no prejuzga nada" el hecho de que se publique el inicio del expediente.
Fernández ha agregado que hubo quejas suficientes para analizar las situaciones contra la competencia, en las que hay indicios, "base" de posibles actos contra la competencia que afectan al interés general, ya que los bancos denunciados pudieron obligar a vincular un préstamo ICO a la contratación de otros productos, por lo que todavía tiene efectos, ya que si se obligó a una empresa o a un autónomo a contratar una alarma todavía abona su mensualidad.
Sobre que son pocos los casos en los que se pudieron dar este tipo de casos, tal y como argumenta la banca, la presidenta de la CNMC ha subrayado que este tipo de denuncias son mínimas porque las empresas se juegan su financiación al tratase de préstamos con aval público y "una minoría es la que se atreve a denuncias", dando a entender que puede haber más.
Posteriormente y en el mismo acto, el gobernado del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no ha querido entrar en polémicas sobre la posición de la CNMC, asegurando que cada organismo tiene sus competencias. En el caso de su institución estás están enfocadas a la conducta y, por tanto, a la transparencia en la comercialización. Hernández de Cos ha añadido que de las 120 reclamaciones sobre los ICO presentadas ante el Banco de España y que de las comprobaciones realizadas muchas han tenido que ver con la no concesión del préstamo.
Además, el gobernador ha indicado que el año pasado ayudaron al ICO a revisar el procedimiento del programa, debido a su importancia y que de las comprobaciones realizadas a través de un muestreo, tan solo en casos muy puntuales, no se han cumplido con las exigencias de transparencia en la comercialización. Asimismo, ha informado que el Banco de España aun está pendiente de que le lleguen los informes de las auditorías internas que han reclamado a todas las entidades sobre la línea de avales.
Por su parte, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha señalado sobre este punto que respeta las competencias de otros supervisores y que "no tiene inconveniencia" que hay transparencia en este tipo de decisiones y que la investigación siga su curso hasta que hay una conclusión de los hechos analizados. "No tengo preocupación", ha indicado.
Riesgos por la imputación de Galán
Buenaventura, eso sí, ha advertido del riesgo o desgaste de reputación por la imputación de directivos de las compañías, como ha ocurrido esta semana con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de un impacto en diferido sobre otras sociedades que no están sometidas a presión judicial. Por ello, ha recordado que es importante en que cuando se producen estos episodios los órganos de gobierno de las empresas adopten las medidas y decisiones oportunas y que éstas sean comunicadas a sus accionistas. Algo que, en el caso de Iberdrola, se ha hecho conforme a las recomendaciones de Buen Gobierno Corporativo, ha afirmado, ya que la compañía ha informado de los mismos.
Según el presidente de la CNMV, cuando suceden estos casos es importante que los consejeros independientes de las firmas jueguen con su papel de contrapesos para defender a los inversores minoristas, ya que pueden tener consecuencias sobre la cotización. Buenaventura, en todo caso, ha señalado que de manera general en España los casos de esta naturaleza son puntuales y que su institución los vigila para que haya una correcta actuación.
