La Dirección General de la Policía elaboró un informe en 2015 para el Ministerio del Interior en el que defiende la compatibilidad de la actividad privada de José Manuel Villarejo con su función como comisario. Este documento, al que ha tenido acceso elEconomista, pone en entredicho las citaciones como investigados de los presidentes de Repsol, Antonio Brufau, y de la Fundación bancaria La Caixa, Isidro Fainé, por un presunto delito de cohecho por la contratación de un funcionario para realizar labores de inteligencia corporativa.
El inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago, asegura en el documento que el comisario Villarejo no necesitaba ni petición de compatibilidad para dichas actividades por encontrarse encardinadas dentro de las excepciones previstas por la Ley.
Para el inspector jefe encargado de elaborar este informe se deben cumplir tres requisitos para acceder a esta compatibilidad: que no suponga un menoscabo del cumplimiento de sus deberes, que guarde respeto absoluto por el horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe y que no tenga relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia.
Curiosamente, Fuentes Gago alude a que "resulta evidente el componente ético en la materia que nos ocupa" y prosigue que abarca "manifestaciones desde la honestidad profesional o relación de lealtad del funcionario hasta la de conseguir la dedicación de sus titulares y la moralidad e imparcialidad de estos para evitar el conflicto de intereses, y por qué no decirlo, la concurrencia desleal".
En el documento, que ya obra en manos del juez, se asegura que "sus actividades (las de Villarejo) en modo alguno han menoscabado el estricto cumplimiento de sus deberes ni se trata de actividades que tengan relación con asuntos que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía".
Reingreso al servicio
Para el inspector jefe, la actividad de Villarejo se trataba de la "gestión de un patrimonio personal generado durante los casi diez años que el funcionario estuvo en excedencia reglada y solicitada formalmente (del 13 de agosto de 1983 al 29 de junio de 1993), que se dedica a administrar cuando reingresa en el servicio activo, sin perder de vista que muchas de las empresas que se constituyeron en esa época, actualmente están extinguidas".
El informe desvela que "no consta solicitud de compatibilidad" por parte de Villarejo, pero sostiene que "no resulta necesaria si se trata de un actividad compatible".
Las conclusiones de Fuentes Gago en su informe coinciden plenamente con la declaración del propio Villarejo ante la juez Carmen Lamela.
Según se relata en el libro La España inventada, de Francisco Marco y Manuel Bravo, el propio comisario explica su situación a la juez Lamela antes de que dicte su auto de prisión sobre la compatibilidad.
"No la pido, me la dan. Cuando yo me voy de la Policía, en el año 83, constituyo una serie de sociedades, de empresas y a raíz de que periódicamente el Ministerio del Interior me pedía trabajos, ayuda, estando yo excedente, pues en una ocasión el señor ministro de la época me dijo: para nosotros es muy importante que tus informes tengan el estatus de activo, porque el de agente encubierto solo se puede dar si están en activo, sigue con tus empresas. Y así lo hice".
Villarejo concluye ante la juez que "mi eficacia es que nadie sabía que yo estaba en activo". Una frase que puede convertirse en la clave de bóveda para los procesos que se instruyen en estos momentos en la pieza relacionada con Repsol y Caixa, así como para la pieza 17 de Iberdrola.
El informe de Gago Fuentes reconoce que la actividad de Villarejo se realiza en dos secuencias temporales; la primera en un periodo de excedencia y la segunda en servicio en activo, tal y como relata también Villarejo ante la juez.
El caso del polémico comisario mantiene a varias compañías del Ibex contra las cuerdas y podría ahora deshacerse como un azucarillo para muchas de ellas por la imposibilidad de demostrar que dicha contratación fuera ilícita.
En medios legales se especula también que la Fiscalía Anticorrupción puede pedir al juez la citación a declarar como investigados del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, así como del consejero director general, Francisco Martínez Córcoles, y del exdirectivo y actual consejero de El Corte Inglés, Fernando Bécker, por razones similares en las próximas semanas.
Iberdrola ya se ofreció a acudir a declarar y protestó por los años de investigación que lleva la pieza y el daño que le genera a su reputación corporativa.
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