La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra el Sabadell, Santander y CaixaBank (incluida Bankia) por posibles prácticas restrictivas en la venta de las líneas de avales ICO impulsadas por el Gobierno para ayudas a las pymes y los autónomos.
En concreto, la CNMC indica que investiga la vinculación a distintos productos que estos bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a dicha financiación. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras ya preexistentes.
Ambas prácticas estaban prohibidas por la regulación fijada por el Gobierno y, en los primeras semanas, generó cierta polémica, ya que las pymes y los autónomos denunciaron la exigencia por parte de algunas entidades de contratar seguros u otros productos para conseguir los préstamos, que cuenta con una garantía estatal de hasta el 80%.
Las conductas analizadas tienen origen en determinada información que la CNMC recibió a través de un buzón habilitado para tal fin. La Comisión activó este canal durante el estado de alarma del año pasado para que empresas y ciudadanos pusieran en conocimiento de la institución posibles prácticas anticompetitivas que se estuvieran produciendo en relación a las ayudas contra el Covid.
Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Según la CNMC, podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público.
A partir de ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.