El pasado sábado los países del G7 alcanzaron un acuerdo histórico por el que se dio luz verde a las líneas maestras para la imposición de un impuesto de Sociedades global, poniendo en jaque a los paraísos fiscales. Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido aceptaron conjuntamente diez años después un gravamen mínimo del 15% para las grandes empresas, porcentaje que aumenta hasta el 20% en el caso de aquellas compañías cuyos beneficios superen un margen de ganancia mínimo de un 10%.
Pese a que la lista de las empresas que deberán tributar por esta parte de sus beneficios no está claro, nombres como los de las grandes tecnológicas Google, Facebook o Amazon han sido los primeros en salir a la palestra.
Además, este nuevo gravamen global se aplicará sobre los beneficios globales en los territorios donde operan y no solo en el país donde tengan su sede social, como ocurría hasta ahora. "Nos comprometemos a llegar a una solución equitativa sobre el reparto de los derechos de imposición, concediendo a los países del mercado derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables", señala el texto del acuerdo.
El objetivo de esta medida es impedir que las grandes multinacionales deslocalicen su sede a otro país donde tengan un trato fiscal mucho más favorable, además de hacerles pagar en los países donde operan. La cifra del 15% que sea de aplicación general está por encima del porcentaje de impuesto de Sociedades que aplican ahora países como Irlanda, aunque se sitúa aún por debajo del nivel más bajo del G7. Sin embargo, se trata de un primer movimiento para implicar a más actores internacionales.
"Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global. El #G7 llega hoy a un acuerdo histórico que permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales. El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social", señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la secretaria de Estado del Tesoro, Janet Yellen, señalaba el pasado sábado que este acuerdo supondría poner fin a "30 años de competición entre los Estados para atraer las inversiones de las grandes multinacionales mediante la reducción de sus impuestos", una guerra que ahora amenaza con poner punto y final a los paraísos fiscales.
Las tecnológicas, las afectadas
La lista de empresas afectadas por esta medida saldrá a la luz en las próximas semanas. Por ahora, y siguiendo los datos que cada año aporta la OCDE, se puede observar que multinacionales como Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft y Netflix utilizan este tipo de estrategias y lagunas legales para ahorrarse miles de millones en impuestos. El grupo activista británico Fair Tax Mark ha puesto cifras a este ahorro y ha calculado que las grandes tecnológicas se habrían ahorrado más de 100.000 millones de euros en tasas entre los años 2010 y 2019, momento en que se emitió el último informe.
Tras conocerse el acuerdo, algunas multinacionales tecnológicas se manifestaron públicamente al respecto. Fue el caso de Facebook, cuyo jefe de asuntos globales, Nock Clegg, valoró positivamente la medida a través de su cuenta de Twitter: "Damos la bienvenida al importante progreso realizado en el G7".
Todavía faltan por cortar los últimos flecos de esta medida, sobre todo en puntos relevantes sobre cuándo comenzará a aplicarse y la forma de adaptarla a las diferentes normativas locales.
Esta propuesta será también promovida en el G20 y se debatirá en el encuentro del próximo mes de julio en Venecia, según afirmó Rishi Sunak, ministro de Hacienda de Reino Unido. Este gesto busca reforzar la unanimidad a la hora de imponer el nuevo gravamen, evitando que los países que ahora mantienen una tributación más baja puedan tirar el acuerdo.
Decisiones verdes
Más allá de este nuevo impuesto, los países del G7 también se han comprometido a integrar el cambio climático y la biodiversidad en la toma de decisiones, fomentando este tipo de medidas mediante la creación de un grupo de trabajo para perseguir los crímenes medioambientales.
Además han afirmado que avanzarán hacia un modelo estándar para que las empresas declaren su impacto medioambiental, facilitando la comparación a los inversores que busquen premiar la sostenibilidad.
