En mayo de 2006 la policía desarrolló una gran operación bajo el mando de la Audiencia Nacional que terminó por descubrir una de las mayores estafas piramidales de la historia de España. Todo se descubrió tras una investigación de la Agencia Tributaria contra los integrantes de Afinsa, sociedad relacionada con la inversión en filatelia. Un mes después se declaraba el concurso de acreedores necesario de la compañía, dejando en el limbo a miles de inversores. Ahora, 15 años más tarde, salen a subasta pública las antiguas oficinas de la madrileña calle Lagasca.
De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista, el pasado 5 de mayo los administradores concursales de Afinsa solicitaron la segunda subasta pública de los inmuebles que aún están en poder de la liquidada después de que en un primer intento quedase desierta. Se trata de varias oficinas y plazas de garaje en el número 88 de la calle Lagasca, en pleno barrio de Salamanca de Madrid.
Knight Frank, consultora inmobiliaria que llevó a cabo el análisis de los inmuebles que ahora tratan de subastarse, señalaba en 2006 que el edificio en su conjunto tendría un valor de mercado superior a los 88 millones de euros, tal y como consta en el informe al que ha tenido acceso este medio. Algunas partes del edificio ya se han vendido con anterioridad y los precios que se consideraban entonces han quedado ahora desfasados, pero siguen considerándose como referencia para la subasta.
Ahora salen al mercado cinco lotes diferentes. Por un lado, las oficinas de la planta sexta con un valor de mercado de aquel entonces de 3,97 millones de euros. Además, también se pretende vender un almacén valorado medio millón y varias plazas de garaje que Knight Frank tasó en 104.000 euros cada una. Al tratarse de la segunda vez que salen a subasta pública, los inmuebles pueden ser adjudicados por un 80% de los precios de tasación.
Cabe recordar que el procedimiento judicial se saldó con una condena de hasta 12 años de prisión para la antigua cúpula de Afinsa por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública. El Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de los condenados y redujo las penas. A día de hoy, los inversores solo han recuperado el 15% de su dinero.
