La Junta de Castilla-La Mancha rechaza las acusaciones de García Carrión y, frente a lo que denuncia la bodega, asegura que sí que intervino para esclarecer el fraude de los vinos de Valdepeñas, consistente en la supuesta venta de vino joven, del año, como si fuera crianza, reserva o gran reserva.
En este sentido, Elena Escobar, directora general de Alimentación de la Consejería de Agricultura, asegura que "es rotundamente falso que no hayamos actuado, porque tras la presentación de la denuncia en abril 2019 por parte de García Carrión se abrieron, tan solo un mes después, controles extraordinarios a cuatro bodegas: Félix Solís, García Carrión, Navarro López y Fernando Castro".
Estos controles todavía no han concluido, pero, según dice Escobar, la Junta de Castilla-La Mancha puso toda la documentación en conocimiento de la Fiscalía a petición de esta. Y no solo eso porque, insiste en que, además, "ahora se ha abierto un control con carácter extraordinario no solo a las cuatro bodegas que investiga la Audiencia Nacional sino a la veintena que componen la denominación de origen de Valdepeñas".
Desde García Carrión mantienen sin embargo que no se ha hecho nada, y como han explicado en varias ocasiones, reiteran que "pese a conocer perfectamente los hechos, la Consejería de Agricultura no ha intervenido en estos tres últimos años en los órganos de control de la DO Valdepeñas, ni ha auspiciado un funcionamiento democrático de la misma, ni el nombramiento de un presidente independiente y representativo de todos los sectores".
Controles
La empresa dice que se ha dirigido en los últimos años tanto al presidente de la región, Emiliano García-Page, como al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, "pidiendo medidas concretas dirigidas a garantizar la representatividad de la DO y la defensa de los intereses sectoriales, sin que se haya atendido ni una sola de estas peticiones".
La directora de Alimentación rechaza en declaraciones a elEconomista.es estas críticas y asegura que "la Consejería de Agricultura está haciendo todos los controles para asegurar la trazabilidad y calidad de los vinos".
Escobar insiste en que "se ha escuchado siempre a todo el mundo, garantizando en todo momento el cumplimiento de la ley", pero recuerda también que "la denominación de origen es una entidad con personalidad jurídica propia, sin que pueda haber interferencias por parte de la Administración".
