El sistema de cuotas europeo para reducir progresivamente los gases refrigerantes fluorados (HFC) por su potente efecto invernadero -de 150 a 22.800 veces más que el CO2- ha propiciado un mercado negro que ya representa un tercio del volumen anual autorizado. En España la situación es más grave porque hay un impuesto especial sobre estos gases que ha dejado de recaudar 50 millones de euros, según los datos de las patronales, que reclaman coordinación aduanera y subir las sanciones por fraude.
El 15 de noviembre del año pasado, la Guardia Civil requisó en Granada 19 toneladas de HFC y del prohibido R22 -destructor del ozono-, importados ilegalmente dentro de 1.885 cilindros. Se estaban transfiriendo a cápsulas habituales de comercialización, pero con etiquetado falso, mediante compresores no homologados.
La investigación ulterior descubrió otros 889 cilindros en un contenedor marítimo en Murcia, que suponían un riesgo para los alrededores por la elevada temperatura de su interior. Además del daño para el mercado legal, el alijo defraudaba 690.000 euros en impuestos y su destrucción exigió más de 200.000 euros.
No es un caso aislado: en mayo y agosto de 2019 hubo otras dos incautaciones, en Valencia -10 toneladas de R22- y Sabadell, valoradas en un millón y medio millón de euros, respectivamente. Por toda la UE hay noticias de intervenciones policiales contra el tráfico ilegal de HFC, sobre todo en los países del Este cercanos a la frontera con Turquía -en Rumanía se requisaron 76 toneladas el pasado agosto-, foco de la principal ruta de importación fraudulenta.
A falta de datos oficiales, la asociación europea del ramo, el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC, por sus siglas en inglés), calcula que se incauta un 10% de toda la importación ilegal en la UE, que asciende a 34 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año, alrededor de un tercio del volumen del mercado legal autorizado.
España: 4,6 millones de toneladas ilegales
En España, la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt) señala que las importaciones superaron los 4,6 millones de toneladas anuales en 2018 y 2019, en línea con la media comunitaria, pero con un agravante: aquí hay un impuesto especial sobre los HFC -sólo Dinamarca tiene una figura fiscal similar-, que en 2019 recaudó 81 millones, con un descenso del 26,3% sobre el año anterior, en parte por una bajada del tipo impositivo, según informa la Agencia Tributaria (Aeat).
Aefyt calcula que la merma de la recaudación tributaria causada por la importación ilegal ya alcanza 50 millones. Por eso Diego García, director general de Kimikal, ejerciendo de portavoz de Aefyt, afirma rotundamente que "España es el mayor importador de gases refrigerantes ilegales de Europa".
Diego García: "España es el mayor importador de gases refrigerantes ilegales de Europa"
El origen del problema es el Reglamento 517/2014 de la UE. Estableció un sistema de cuotas que reducen progresivamente la disponibilidad de HFC -hasta un 80% en 2030- para estimular el desarrollo de alternativas más sostenibles. Durante los primeros años no tuvo ningún efecto, porque las empresas hicieron acopio de gases, pero a partir de 2017 los precios llegaron a multiplicarse por 10, de acuerdo con los datos oficiales de Bruselas.
Y entonces comenzaron las importaciones ilegales, principalmente desde China, primer productor de HFC del mundo, y los precios empezaron a caer; ya lo han hecho en más de un 50%, como consecuencia de la abundancia de producto al margen de las cuotas en el mercado. Por otro lado, apenas se han desarrollado gases alternativos más sostenibles, porque nadie los compra.
A la expansión del circuito ilegal ha ayudado la atomizada cadena de distribución del sector, con numerosos instaladores capaces de cambiar de envase los gases, que suelen transportarse en grandes tanques, e introducirlos en el circuito convencional.
Este 2021 se aplica una nueva reducción de cuotas, hasta el 45% del volumen del mercado de 2015, y la industria espera que aumente la importación ilegal. Con la intención de evitarlo, ha redoblado los contactos con las autoridades europeas, que reconocen la existencia del problema y empiezan adoptar medidas, como considerar prioritarios los HFC en un nuevo sistema intercambio de información aduanera llamado ventana única.
"Las sanciones actuales son ridículas; deben ser ejemplares"
Murli Sukhwani, alto ejecutivo de la norteamericana Chemours -desgajada del coloso Dupont- y presidente del área de investigación y datos del EFCTC, lo conoce muy bien, porque lleva años peleándose con las autoridades comunitarias para que aborden la importación ilegal de HFC, según comenta a elEconomista desde Suiza.
"En la UE hemos sido pioneros en la legislación, pero, ¿dónde están la vigilancia y el seguimiento, el cumplimiento de las sanciones, el control... No están por ninguna parte; eso es lo que denunciamos", dice Sukhwani, antes de explicar que en las aduanas de la UE no hay herramientas ni conocimiento para poder hacer los controles, además de que el mecanismo de reexportación -denominado T1- facilita que se blanquee el producto ilegal al pasar por varios países, "y sin pagar el IVA".
El negocio ilegal es redondo: "en una cisterna vienen 20 toneladas de producto, con el que se puede obtener un beneficio de 100.000 euros en el mercado negro, porque se vende a mitad de precio, y sólo te arriesgas a una sanción administrativa ridícula, de 1.000 a 3.000 euros", sostiene, antes de pedir un endurecimiento de la normativa: "el marco sancionador de la UE debe tener unas consecuencias financieras muy graves: reclamamos una multa ejemplar de 100 euros por tonelada y, quizá, consecuencias penales".
"En una cisterna vienen 20 toneladas de producto, con el que se puede obtener un beneficio de 100.000 euros en el mercado negro"
La directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Aeat, Pilar Jurado, reconocía en un reciente foro de Ep, que el Reglamento de HFC no permite controlar el mercado, porque no hay un seguimiento de las importaciones, como sí ocurre con otros productos sujetos a cuotas, como la pesca.
