
La Comunidad de Madrid tendrá que devolver a OHL 15,8 millones de euros por el tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero correspondientes a los avales que el Gobierno regional ejecutó en 2017.
Así lo ha establecido el Tribunal Supremo al inadmitir a trámite recientemente un recurso interpuesto por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ganada por Cemosa -la concesionaria propiedad al 100% de la constructora-, que se hace de este modo firme, según informan a elEconomista fuentes conocedoras del proceso.
En junio de 2017, la Comunidad de Madrid ejecutó los avales depositados por OHL para la licitación del proyecto por importe de 15,8 millones
En junio de 2017, la Comunidad de Madrid ejecutó los avales depositados por OHL para la licitación del proyecto por importe de 15,8 millones de euros por no haber acometido las obras recogidas en el contrato. Con ello, el Gobierno madrileño cubrió casi la mitad de la multa de 34 millones que impuso a Cemona a comienzos de 2016 por incumplir los plazos de ejecución del tren, cuya finalización estaba fijada para septiembre de aquel año.
Cemonasa recurrió aquella penalidad y el 31 de octubre de 2019 el TSJM anuló la misma "por no ser conforme a derecho", "con devolución de las cantidades que la administración hubiera percibido con los intereses legales". La Comunidad de Madrid recurrió ante el Supremo y a finales de noviembre el Alto Tribunal lo inadmitió a trámite, haciendo así firme dicha anulación y obligando al Ejecutivo madrileño a reintegrar los 15,8 millones más intereses a OHL.
El grupo dirigido por José Antonio Fernández Gallar se anota así una nueva victoria en la contienda legal que le enfrenta con la Comunidad de Madrid por el contrato de construcción y explotación del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado a Cemonasa, participada al 100% por la constructora española, en 2007 con un presupuesto de 362 millones y que se paralizó tras diversos problemas en 2010 cuando se habían ejecutado 12 de los 15 kilómetros de los que constaba el proyecto.
La constructora reclama al Gobierno madrileño cerca de 300 millones por la RPA del proyecto
El pasado verano, OHL ya fue eximida por el Tribunal Supremo de cualquier pago al Ejecutivo autonómico por este proyecto inacabado, tal y como avanzó 'elEconomista'. El Alto Tribunal desestimó el recurso de casación de la Comunidad y Madrid y confirmó así la sentencia del TSJM del 24 de julio de 2019 ganada por OHL en la que dictaminó que la causa de resolución del contrato de concesión fue la apertura de la fase de liquidación del concurso mercantil de Cemonasa y no por causa culpable imputable a esta sociedad. Con ello exoneraba a OHL de cualquier consecuencia indirecta que quisiese imputársele derivada de una resolución culpable de su concesionaria.
El Supremo falló posteriormente en los mismos términos respecto al recurso instado por Cemonasa sobre su culpabilidad en la terminación del contrato, por la que el Gobierno madrileño reclamaba más de 300 millones de euros.
Frentes pendientes
Aún quedan pendientes dos frentes judiciales relacionados con el tren Móstoles-Navalcarnero. Por un lado, el 27 de julio de 2018, la Comunidad de Madrid inició expediente de daños y perjuicios contra Cemonasa por lo que exige 355,9 millones de euros. La resolución se encuentra actualmente en fase de recurso ante el TSJM. No obstante, con la exoneración de culpa, la firma considera que no cabe exigencia de daño y perjuicio alguno.
Por otro lado, Cemonasa está pendiente del contencioso, en el TSJM, en el que reclama a la Comunidad de Madrid el pago de la inversión en la infraestructura (la Responsabilidad Patrimonial de la Administración), que asciende a cerca de 300 millones con intereses.
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