Empresas y finanzas

OHL gana en el Supremo y no tendrá que pagar por el tren de Navalcarnero

  • El TS inadmite el recurso de la Comunidad de Madrid y exime de culpa a la compañía
  • Se libera de cualquier responsablidad en el pago reclamado de 355 millones y mantiene viva su demanda de 300 millones
José Antonio Fernández Gallar, consejero delegado de OHL

OHL se ha anotado una victoria judicial trascendental en la batalla que le enfrenta con la Comunidad de Madrid por el proyecto inacabado del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite, en un reciente auto, el recurso de casación interpuesto por el Gobierno madrileño contra la sentencia que emitió el 24 de julio de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que dictaminó que la causa de resolución del contrato de concesión de Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), participada al 100% por OHL, fue la apertura de la fase de liquidación del concurso mercantil de esta sociedad y no por causa culpable imputable a la misma, según indican fuentes jurídicas conocedoras del proceso.

Cemonasa está pendiente del contencioso, en el TSJM, en el que reclama a la Comunidad de Madrid el pago de la inversión en la infraestructura

El Alto Tribunal hace firme así la sentencia del TSJM, por lo que OHL queda definitivamente eximida de cualquier tipo de responsabilidad con la Comunidad de Madrid en relación al tren de Navalcarnero. La decisión del Supremo implica, que bajo ninguna circunstancia, la constructora que dirige José Antonio Fernández Gallar no tendrá que hacer frente a ningún pago a la Comunidad de Madrid, que reclama, en un proceso judicial paralelo, 355 millones de euros por, a su juicio, resolución culposa del contrato. Es más, Cemonasa mantiene vivo otro procedimiento en el que reclama al Ejecutivo regional 300 millones de euros por la inversión efectuada en el proyecto.

La inadmisión por parte del Tribunal Supremo del recurso de la Comunidad de Madrid sienta además precedente para que haga lo propio con la casación que el Gobierno regional también interpuso contra una sentencia del año pasado del TSJM, similar a relativa a OHL, en la que igualmente desvinculaba la culpabilidad de Cemonasa en la terminación del contrato. Se espera, por tanto, que el Alto Tribunal decida en el mismo sentido, lo que también eximiría a la sociedad concesionaria, que se halla en concurso de acreedores, de cualquier tipo de indemnización, puesto que si no existe culpa, los daños y perjuicios demandados no podrán prosperar.

Entretanto, Cemonasa está pendiente del contencioso, en el TSJM, en el que reclama a la Comunidad de Madrid el pago de la inversión en la infraestructura (la Responsabilidad Patrimonial de la Administración -RPA), que asciende a una cifra de alrededor de 300 millones incluidos los intereses. La sociedad concesionaria apenas tiene deuda, por lo que cualquier resultado favorable repercutiría positivamente en la caja de OHL. Este procedimiento, no obstante, aún tardará en resolverse hasta que haya sentencia firme, toda vez que lo previsible es que la parte que pierda en esta instancia recurra en casación ante el Supremo.

Una obra inacabada

OHL, a través de Cemonasa, se adjudicó en 2007 el contrato para la construcción y explotación del tren entre Móstoles y Navalcarnero, que pretendía conectar a lo largo de 15 kilómetros de vía ferrea ambas localidades en apenas 20 minutos. Sin embargo, el proyecto, presupuestado en 362 millones de euros, enfrentó diversos problemas que llevaron a su paralización en 2010, cuando se habían ejecutado más de 12 kilómetros y solo restaban por construir tres kilómetros de trazado.

El 12 de julio de 2016, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid dictó auto por el cual admitió la solicitud de concurso mercantil de Cemonasa y declaró el concurso voluntario de acreedores de la misma. El 15 de marzo de 2017, el juez dictaminó la entrada en la fase de liquidación de la sociedad, declarándola disuelta y cesando en su función sus administradores, que fueron sustituidos por la administración concursal. Según indican fuentes jurídicas, "de conformidad con doctrina reiterada del Tribunal Supremo, el inicio de la fase de liquidación concursal implica la resolución automática del contrato de concesión ope legis".

Ya en fase de liquidación, el Gobierno madrileño, presidido entonces por Cristina Cifuentes, dictó resolución administrativa del contrato con culpa de Cemonasa. Ésta fue recurrida por OHL y por la sociedad concesionaria por separado ante el TSJM. La constructora obtuvo sentencia favorable el 24 de julio de 2019, que es la que ahora el Supremo ha hecho firme.

Al margen de la batalla legal entre OHL (y Cemonasa) y la Comunidad de Madrid, el proyecto es objeto de dos piezas separadas dentro de la investigación de la denominada Operación Lezo.

Venta del litigio más atractiva

OHL puso el año pasado a la venta, entre otros, el litigio vinculado a Cemonasa. La constructora recurrió a esta fórmula para obtener liquidez y no tener que esperar a la resolución del conflicto. Recibió el interés de algunos fondos, entre los que destacó el Davidson Kempner. Sin embargo, las cantidades ofrecidas no convencieron a la compañía y el proceso de detuvo. Ahora, OHL ha eliminado el riesgo de que el pleito implique un desembolso a la Comunidad de Madrid. Por tanto, el resultado de esta batalla judicial será, cuando menos, neutral para la constructora. Un punto de partida que hace más atractiva una posible venta del litigio, en el caso de que así lo decidiera OHL y no tener así que esperar, previsiblemente aún varios años, a su resolución.

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