Madrid, 24 nov (EFECOM).- La Audiencia Nacional decidirá el próximo 20 de diciembre si se celebra el juicio oral contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y veinte clientes por el caso de las cesiones de crédito, por el que pudo haber un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.
Así lo indicó hoy el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez-Bermudez, al termino de las dos jornadas dedicadas a las cuestiones previas de esta vista, para la que la acusación pide 180 años de cárcel para cada uno de los directivos del Banco Santander.
El fiscal Vicente González Mota, sin embargo, ha coincidido con las veinticuatro defensas de los imputados al pedir que no se inicie el juicio oral pues carece de legitimidad la acusación encabezada por la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), a la que la defensa de Botín liga a Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto.
Además de pedir el sobreseimiento libre del caso, lo que significaría que los hechos relatados quedarían como "cosa juzgada", el fiscal se ha reservado las acciones legales.
Esto, según fuentes jurídicas, podría afectar a los veinte clientes imputados por un presunto delito fiscal que se investigó en más de 47.000 operaciones por un importe superior a los 432.000 millones de pesetas (2.596 millones de euros).
También, durante la sesión de hoy, el fiscal se mostró en contra de la prescripción de los delitos, que pidieron varios clientes, y de que el proceso penal no pueda tener validez porque muchos de ellos normalizaron su situación con Hacienda, a través de declaraciones complementarias desde 1991 a 1996.
ADIC también aprovechó la jornada para denunciar la "inactividad" del Ministerio Fiscal en lo que considera como el "mayor fraude de la historia", al igual que la otra acusación popular de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), pendiente de que se le autorice a actuar como tal en este juicio ya que entregó fuera de la plazo el escrito de acusación.
Pese a que la juez Teresa Palacios, quien instruyó el caso, vio "indicios de delitos" y decidió abrir juicio oral hace dos años, desde 1998 el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento, rechazado en catorce ocasiones, recordó el abogado de ADIC, Iván Hernández.
Además el abogado contrastó la posición actual del fiscal Vicente González Mota con la adoptada por el Ministerio Público en el proceso que se sigue contra el cliente Fernando Cartagena -ex consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Comunidad Valenciana- en el Juzgado número 4 de Orihuela (Alicante), donde ha pedido la apertura de juicio oral.
En el escrito del fiscal de ese procedimiento, fechado en octubre de 2006, al que tuvo acceso EFE, se indica que "el contrato de cesión de nula propiedad de créditos estaba encaminado a propiciar la inversión de 'dinero negro' o fiscalmente opaco, asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de los propietarios de las cantidades invertidas".
En la vista oral de hoy, Hernández explicó que, en las listas que el Banco Santander facilitó a Hacienda, figuraba un tal Serrano Ibarra como titular de ocho cesiones de crédito, cuando tras los registros a la central contable del banco en 1992, los peritos de la Agencia Tributaria consiguieron saber que el titular era Fernando Cartagena.
ADIC destacó que la Audiencia Nacional es la que tiene que decidir sobre la presunta responsabilidad de Botín y otros tres directivos del banco -Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel- en esta operativa, pues el fiscal, antes de 1998, hablaba de un delito continuado de falsedad documental y falsedad mercantil.
La defensa del banco siempre ha reiterado que las cesiones era un producto legal en su tiempo y que los clientes normalizaron su situación con Hacienda y, en el día de hoy, presentó ante la Audiencia Nacional dos informes periciales de dos expertos en derecho tributario para apoyar las posiciones del Banco Santander.
De cualquier manera, será la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez-Bermúdez, la que decidirá, casi dentro de un mes, si Botín y otros 23 imputados más debe enfrentarse a un juicio oral, que se prevé largo. EFECOM
dsp/rjc
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