La japonesa Mitsui ha presentado el número 48 de los arbitrajes registrados contra España por los recortes retroactivos a las renovables acometidos desde 2012. Le representa el bufete norteamericano White & Chase y aún se desconoce el importe de la compensación reclamada al país.
Presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, es la primera demanda de arbitraje que se presenta contra España en año y medio, y se produce justo cuando varias compañías, como Masdar o Deutsche Bank, han anunciado que renuncian a sus reclamaciones o que van a hacerlo próximamente.
La retirada de las demandas -y la renuncia a las compensaciones conseguidas- está directamente vinculada a la posibilidad de acogerse a un régimen económico extraordinario que ofrece una rentabilidad del 7,4% hasta 2031. Los litigantes pueden renunciar a sus procedimientos hasta el 18 de diciembre, en un plazo que fue prorrogado por la pandemia.
A España le han reclamado más de 7.700 millones de euros por el recorte retroactivo a la retribución de las plantas renovables, pero en los últimos tiempos, además de las citadas renuncias, había conseguido varias victorias, como la anulación del primer laudo perdido o la obtención de laudos muy positivos para los intereses nacionales.
No obstante, ninguno de los grandes litigadores con elevadas compensaciones, como NextEra (290 millones) o Antin (101 millones) ha renunciado a sus victorias provisionales. Los que han renunciado habían obtenido indemnizaciones modestas; por ejemplo, The PV Investors reclamaba 1.900 millones y le habían concedido poco más de 90 millones.
Hasta la fecha, ninguna de las indemnizaciones conseguidas por los inversores extranjeros -los nacionales no pueden apelar a la justicia internacional- son definitivas, puesto que todos los fallos están recurridos por la Abogacía del Estado; en total suman más de 800 millones.
Cuatro años barajando la denuncia
La compañía japonesa llevaba cuatro años plantándose presentar la reclamación, originalmente de la mano de Cuatrecasas, pero la demanda no se ha concretado hasta el pasado 30 de octubre, y lo ha hecho contratando a la norteamericana White and Case, uno de los mayores bufetes del mundo en el campo del litigio internacional.
White & Case cuenta con una oficina en Madrid dirigida por Juan Manuel de Remedios. A ella se incorporó el año pasado Ignacio Madalena, proveniente de Allen & Overy, uno de los bufetes que más arbitrajes contra España tiene en proceso en estos momentos.
España únicamente ha recibido la notificación de la apertura del procedimiento arbitral por parte del Ciadi, y aún se desconoce a cuánto asciende la reclamación, pero no debería ser muy relevante. El próximo paso relevante es la designación de los integrantes de la Corte arbitral.
