La Procuraduría se Colombia acusa al ex representante de Naturgy en el país y a un ex director de Energía Eléctrica del Gobierno de "presunto manejo irregular de recursos públicos" por más de 46 millones de euros, la mayoría de ellos "para disminuir las pérdidas de la empresa". Colombia y Naturgy se enfrenten en sendos arbitrajes cruzados por la expropiación de Electricaribe y el primer fallo se espera para este final de año.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Procuraduría, la entidad ha presentado cargos contra Rogerio Ramírez Reyes, director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía entre 2014 y 2016 y contra José García Sanleandro, representante legal de Electricaribe entre 2012 y 2016, año en que el país intervino la compañía, hasta ese momento filial de Naturgy, "por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos" por valor de 211.227 millones de pesos colombianos, unos 46,7 millones de euros al tipo de cambio actual.
La entidad cree que ambos fallaron en el seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios para ejecutar 29 proyectos de inversión social en los estados caribeños del país. Concreta los posibles fallos en el Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y en el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), "lo que podría haber conllevado a un eventual detrimento" de 45.769 millones de pesos, poco más de 10 millones de euros.
"Con esta supuesta actuación García Sanleandro podría haber desconocido el ordenamiento jurídico que regulaba sus deberes como administrador, la actividad contractual estatal y la debida administración de las rentas públicas entregadas a la empresa que representaba, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano" señala el comunicado.
Sanleandro, actual responsable del Negocio de Infraestructuras en Latainoamérica Norte de Naturgy, afronta un segundo cargo, "por la presunta aplicación indebida" de un subsidio estatal para la población más vulnerable, el Fondo de Energía Social (FOES).
Sanción del Supervisor de Servicios
Esta posible irregularidad, prosigue el comunicado, se habría traducido en una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras comprobar que recursos del beneficio FOES por 165.458 millones de pesos -unos 36,6 millones de euros- "fueron empleados para disminuir las pérdidas de la empresa entre octubre de 2012 y diciembre de 2016".
En cuanto a Ramírez Reyes, la Procuraduría indica que "pudo haber omitido sus deberes como supervisor" de los contratos FAER y PRONE, consistentes en informar al Ministerio de Minas sobre las circunstancias que pudieron poner en riego el cumplimento de los negocios jurídicos bajo su responsabilidad.
El comunicado concluye que "con estas posibles conductas los investigados podrían estar incursos en falta gravísima cometida con culpa gravísima".
Expropiación en 2016
El Gobierno colombiano expropió Electricaribe a Naturgy -por entonces Gas Natural Fenosa- en noviembre de 2016. La firma colombiana ha permanecido en manos públicas hasta que el pasado marzo decidió dividirla en dos empresas, Caribe Mar y Caribe Sol, en ambos casos con participación estatal.
Naturgy y Colombia se enfrentan en dos arbitrajes por la expropiación. La empresa presidida por Francisco Reynés reclama al Estado colombiano 1.626 millones de dólares -más de 1.500 millones de euros- en la Corte de Arbitraje de la ONU, por el valor de la empresa, el perjuicio generado, el lucro cesante, el daño reputacional y otros elementos. Colombia, por su parte, reclama a Naturgy 500 millones de dólares en el Ciadi, la Corte del Banco Mundial.
Naturgy abandonó Colombia totalmente en junio de 2018, tras vender su negocio de gas, y aunque ha habido negociaciones alrededor de los arbitrajes, no se ha llegado a ninguna solución. Los primeros laudos se esperan para finales de este 2020.
