Vísteme despacio que tengo prisa. Este refrán español debería retumbar en las cabezas de los dirigentes políticos cada vez que piensen en dar una declaración sobre la futura vacuna del coronavirus. Se ha perdido completamente el horizonte de lo que es un desarrollo científico de un antígeno, un proceso que no se completa de un día para otro, que en condiciones normales podría demorarse hasta 10 años y que muchos de los candidatos a vacuna, lo normal, es que se caigan por el camino.
Pero la razón de las prisas no es otra que desprenderse de toda responsabilidad de gestión y desplazarla hacia la ciencia. Los dirigentes públicos parecen decir cada día eso de que no pueden hacer más por nosotros y que la única solución es una vacuna que está en manos de los científicos. Es una verdad en el fondo, pero no en las formas. No se puede trasladar a una población ansiosa la idea de que la vacuna estará en diciembre porque, sencillamente, no es verdad. Y no solo no es verdad por el revés sufrido por AstraZeneca (algo demasiado normal en ciencia y que solo es noticia porque hoy el coronavirus ha infectado nuestro día a día), no es cierto porque en el caso de que haya algún vial disponible bajo las condiciones de seguridad y eficacia exigibles, los datos de los que se dispondrán solo permitirán una autorización de emergencia, en ningún caso una aprobación.
La ciencia y la industria farmacéutica están logrando algo inverosímil si lo llegan a plantear hace un año. Reducir los tiempos en la manera en la que se está haciendo, trabajando a riesgo y con una presión social inusual para ofrecer un antídoto lo antes posible. No están para contentar tiempos políticos, ni elecciones ni ningún avatar superfluo que solo responda a intereses personales o partidistas. Por eso han levantado la voz y las principales compañías occidentales dieron un puñetazo sobre la mesa, hartas de que los tiempos no los maneje la ciencia, sino la política y sus deseos. Sólo presentarán su vacuna cuando estén totalmente seguros que se cumplen los estándares exigibles y, por otro lado exigidos, por cualquier agencia reguladora.
Si se presta atención a las sociedades científicas más que palabras monclovitas, se entiende la realidad del momento. Decía un prestigioso vacunólogo que veía con esperpento lo que parecía una reminiscencia de la guerra fría, con la vacuna como excusa. Un día Putin dice que la tiene, al día siguiente Trump asegura que estará antes de noviembre (días antes de las elecciones), y dos días después sale China con un anuncio similar. La suerte de todo esto es la responsabilidad de los científicos y la industria en estos momentos. Lo vivido con AstraZeneca (que también se vivió con Moderna) es una muestra gráfica de que la seguridad es lo más importante y que la transparencia con la que se actúa es total.
María Jesús Lamas repite en cada intervención pública sobre la vacuna que no se dispensará sin las condiciones de seguridad
Una de las voces más tranquilizadoras que se pueden escuchar en España es la de la directora de la Agencia del Medicamento. María Jesús Lamas repite en cada intervención pública sobre la vacuna que no se dispensará sin las condiciones de seguridad y eficacia necesarias. Es más, consciente del tiempo que necesita una vacuna normalmente y que lo que habrá en el mejor de los casos es una autorización de emergencia, explica que solo se administrará si en la ecuación del riesgo y el beneficio, gana el segundo. Los expertos españoles marcan verano de 2021 como fecha en la que se podrá comenzar a vacunas... La OMS habla de 2022. Ojalá se empiece a escuchar a los técnicos por una vez.
