A principios del pasado mayo, en pleno estado de alarma, se lanzó por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de Red.es, un paquete de ayudas para la digitalización de pequeñas y medianas empresas (dentro del programa AceleraPyme), así como para la formación para el empleo en habilidades digitales, por un total de 70 millones de euros, con cargo a fondos europeos (FSE y Feder). La motivación esencialmente reparadora de estas ayudas debe también ponerse en relación con la adquisición de conocimientos relevantes para poder competir en mercados altamente digitalizados y la necesaria transformación empresarial que permita acelerar la productividad en múltiples sectores, especialmente de los servicios y compatibilizar ocupación y mejora del poder adquisitivo.
Evidentemente, la cuantía del paquete es muy limitada y por encima de la visibilidad del mismo probablemente debiera buscarse la efectividad de estas ayudas, que podrían beneficiarse de una mayor colaboración público-privada, particularmente con empresas y entidades que sean líderes en estos ámbitos en diferentes sectores de la actividad: desde la definición de metas, el diseño de los programas formativos con un elemento predefinido de inserción como es habitual en otros países de la UE, las fórmulas de financiación, propiciando la existencia de mecanismos de emulación con incentivos fiscales, en su caso, y los sistemas de evaluación y rentabilidad de las ayudas en el marco de la creación de valor propio de la actividad mercantil.
Formar en ciberseguridad, Big Data, web full stack, programación de videojuegos, diseño 3D y Realidad Virtual sin un anclaje integral en el ecosistema actual de empresas que hacen de tales ámbitos parte de su razón de ser es tal vez un empeño más costoso de lo que debiera serlo si así se hiciese. Por otro lado, es incuestionable el efecto incentivado que puede tener la financiación de proyectos de desarrollo experimental realizados por empresas sobre inteligencia artificial como machine learning; deep learning; neural networks, blockchain y otros que contempla la convocatoria, pero los proyectos presumiblemente serían más robustos en su concepción y vertebracion si tuviesen la contribución o el refrendo de un departamento de una escuela técnica superior, que proveería el rigor, el método y el soporte adecuados para que o bien la experimentación tuviese carácter realmente innovador o el itinerario de su aplicación práctica quedase acreditado para el beneficio de sus promotores, de la comunidad académica y de las Administraciones financiadoras.
Parecería por lo escrito hasta ahora que siendo una iniciativa valiosa y elogiable, podrían faltar criterios adecuados para la orientación, instrucción y difusión de las ayudas a la inmersión profesional en la órbita digital y en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas en España.
Aunque no es descartable que se haya realizado, no consta un diagnóstico de la oportunidad en función de perfiles poblacionales entre los jóvenes potencialmente beneficiarios de las ayudas a la formación atendiendo a criterios de procedencia, diversidad y potencial, ni una identificación de sectores económicos preferenciales, aquellos potencialmente más proclives a incorporar a sus propuestas de valor las capacidades analíticas para la toma de decisiones y las palancas de mejora de eficiencia asociadas a las diferentes prácticas y tecnologías objeto del paquete de ayudas.
La cuestión palpitante es cómo conseguir impactos medibles y relevantes en la cualificación del colectivo de jóvenes que están al margen de las formaciones regladas y aplicadas en comunicaciones, programación y tratamiento de la información mediante su incorporación a un tejido económico transformado para ofrecer productos o servicios de mayor valor añadido o provisto con un coste inferior, atendiendo igualmente a la sostenibilidad y replicabilidad de tales impactos.
Como es habitual en procesos de innovación empresarial, la dinámica "de abajo a arriba", incorporando experiencias operativas concretas a los guiones de actuación, a través de consultas y acceso a información verificada de las definiciones e implementaciones de tareas específicas, ofrecer buenas perspectivas y facilita una rápida asimilación de conocimientos. Quizás esta dinámica forme parte de los requerimientos para el acceso a las ayudas a empresas, que pueden acoger a quienes de otro modo no puedan acceder ni a la formación ni al posible empleo objeto de la iniciativa. Iría más allá, parece conveniente, con criterios objetivos y una aproximación estimulante, identificar las empresas que podrían liderar programas como AceleraPyme.
Lamentablemente, no se dispone de estudios de campo extensos y recientes, siendo todavía el promovido por Vodafone España entre profesionales y empresas con hasta 10 empleados, con algo más de 1.000 entrevistas, hace ya tres años, la referencia en esta materia. Salvo por reconocer las expectativas de contribución a la mejora de sus ofertas pues cerca del 47% de los entrevistados opinan que la digitalización ayuda a los ingresos, la sensación entonces era que la digitalización es una preocupación intermedia, a la vez que la mayoría de los encuestados se consideran en un grado intermedio de digitalización. Evidentemente, no constituía prioridad ni se identificaba como una respuesta adecuada a los desafíos del negocio. Llamativamente, el rediseño de los procesos internos se consideraba el ámbito en el que la digitalización más podía aportar a los entrevistados, si bien entonces solo el 15% manifestó interés en desarrollar fórmulas de comercio electrónico, toda vez que transmitían haber resuelto satisfactoriamente sus requerimientos de web, si bien es probable que actualmente un elevado número de los entrevistados ya hayan desarrollados sus ofertas en tales canales y estén desarrollando una relación directa sin contacto físico con muchos de sus clientes, incluso a través de la exportación.
Finalmente, tan solo el 14% decía disponer de un plan de digitalización y un 18% de los entrevistados reconocía contar con personas cualificadas para la tarea, recurriendo a terceros especializados para ello, señaladamente operadores de telecomunicaciones (38%) y grandes empresas de informática (32%), lo que hace pensar que unas y otros podrían, volviendo sobre la posibilidad de identificar a los negocios y pequeñas empresas que puedan capturar más rápidamente y con mayor potencial de traslación sectorial, los beneficios de la digitalización. Estos datos se corroboran por diversos estudios recientes sobre el estado de la digitalización de las Empresas españolas, como el firmado por Monica Melle el 11 de Mayo de 2020 en Agenda Pública, en el que además aborda cuestiones relativas al teletrabajo, que ha adquirido notable auge a causa de la pandemia.
España ocupa el puesto 24 de 28 en intensidad digital en la Unión Europea
Extrapolando al conjunto de la economía los resultados del último índice de economía y sociedad digital (DESI 2019) de la UE, es patente que la digitalización no es un rasgo distintivo o una ventaja si no más bien una asignatura pendiente para las empresas españolas, toda vez que ocupamos los puestos 11/28 en capital humano/conocimientos digitales y 18/28 en integración de tecnología digital a las actividades económicas e, inquietantemente, cerca del 57% de las empresas españolas tienen un nivel de digitalización muy bajo, de modo que nuestro país se ve relegado al puesto 24/28 en "intensidad digital". Bienvenidas son pues las ayudas financieras públicas objeto de esta tribuna que puedan servir para paliar estas carencias. Vale la pena preguntarse que hemos dejado de hacer en los últimos años, que han hecho otros mejor que podamos imitar (quizás el ejemplo a seguir pudiera ser Irlanda) y, en cualquier caso, reconocer que por la fase excepcional del ciclo económico que nos toca atravesar, la necesidad del acierto en la digitalización empresarial y en la empleabilidad de los jóvenes y de los desempleados a causa de la pandemia es todavía más acuciante, como señaló el Gobernador del Banco de España en en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados el pasado 18 de Mayo.