El sector financiero lleva años pidiendo la regulación de las fintech (empresas tecnológicas dedicadas a negocios financieros) bajo el argumento de la necesidad de competir en igualdad. La banca asume una extensa regulación que, de un lado, garantiza la seguridad a los clientes y sus inversores, pero también le supone un carga de costes que le impiden competir en igualdad de condiciones con estas nuevas compañías, libres de estos requisitos.
El escándalo de la fintech alemana Wirecard trae a la mesa la urgente necesidad de regular a este tipo de compañías o, de lo contrario, tras este suceso, estarán abocadas a la desconfianza de los inversores y clientes. Wirecard ha pasado en cuestión de una semana de ser una empresa tecnológica puntera del país, con presencia en el Dax 30 (el índice de las compañías más grandes que cotizan en la bolsa de Fráncfort), a la quiebra tras negarse su auditor, EY, a firmar las cuentas de 2019 tras no encontrar 1.900 millones de euros que presuntamente la firma tenía en balance y suponía el 25% del mimo. La propia compañía ha admitido que posiblemente ese dinero no exista.
El supervisor alemán se exculpa: solo tiene obligación de supervisar la filial bancaria
Ahora, está por ver de quién es la culpa. Bruselas ya ha pedido investigar al regulador alemán, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin), por la quiebra de la compañía. Sin embargo, aunque el presidente del organismo, Felix Hufeld, admitió el pasado lunes que el suceso es un "completo desastre" y no fueron eficaces para prevenirlo, mencionó un detalle exculpatorio: sólo era responsable de supervisar la filial bancaria de Wirecard y no todo el grupo. Y de momento, las primeras informaciones apuntan a que el presunto fraude se pudo producir en las filiales que tenía la compañía en otros territorios, como Asia o Singapur, que carecían de licencia bancaria.
¿Cuál es la principal diferencia en materia de regulación entre un banco y una fintech? La licencia bancaria. Esta licencia es necesaria para aquellas entidades que se dedican a captar depósitos de los clientes (también a través de cuentas corrientes), y además, en el caso de España, garantiza que ante la quiebra de un banco los clientes podrán recuperar hasta 100.000 euros de los fondos depositados.
Sin embargo, la mayoría de las fintech ni captan depósitos ni ofrecen crédito (actividad para lo que también existe la licencia de Establecimientos Financieros de Crédito, como tienen muchas compañías españolas especializadas en préstamos al consumo). La mayoría dan servicios de pago, al igual que Wirecard cuando nació, y también supervisadas por el Banco de España como entidades de pago. Sin embargo, la peculiaridad de las fintech es que la tecnología les permite realizar servicios tan novedosos que no existe aún ninguna regulación para ellos.
De hecho, uno de los objetivos del Gobierno es poner en marcha un SandBox (un espacio controlado de pruebas donde se pueda innovar y operar con un grupo de clientes reales para advertir nuevos negocios pero también la regulación necesaria). Sin embargo, a pesar de que el Ejecutivo lleva más de un año dándole vueltas a aprobar el Sandbox, de momento sigue sin arrancar.
La falta de regulación de muchas de las actividades de las fintech, aunque de primeras puede suponer una ventaja para las compañías, también se puede volver en su contra. El escándalo Wirecard parece un aviso a navegantes y ya ha habido entidades que han salido a la palestra recordando que llevan años avisando de lo que podía pasar. El consejero delegado del banco francés Crédit Mutuel, Daniel Baal, escribió la semana pasada en sus redes sociales tras el escándalo de la compañía alemana: "¿Cuándo abriremos los ojos sobre lo que realmente es una fintech?".
