El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa cárnica Comapa contra sus antiguos gestores por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento privado y delito societario de falsedad de cuentas. La querella fue interpuesta por el equipo legal que lidera desde septiembre de 2019 la gestión de la compañía, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.
El grupo catalán Vall Companys, que se hizo con el control de la compañía madrileña, considera que la antigua cúpula directiva podría haber cometido diversas irregularidades tras la venta de jamón polaco a muy bajo precio como si fuera español, con las marcas Sierra Alpujarra y Trevedul, pero no solo por un presunto engaño al consumidor, tal y como denunciaron los productores de Granada, sino también por posibles irregularidades en las cuentas.
Concretamente, la querella interpuesta ha sido admitida a trámite contra algunos de los querellados: David Álvarez Fra, anterior director general; Jaime Álvarez Fra, anterior director de Recursos Humanos; Mario Sergio Martín González, exresponsable de ventas internacionales y actual administrador de QSabor Foods SL; José María Núñez, administrador del grupo Khalifa Capital y del Grupo Geslex; Plácido González, responsable de expediciones de Comapa en las instalaciones de Otura; y Concepción Pinto, responsable de administración de proveedores de Comapa. Todos ellos han sido ya citados a declarar.
Vall Companys entró en Comapa en el año 2014 como socio minoritario, igual que sigue ahora. Para el grupo era interesante poder estar presente en la cárnica, que se había convertido en el mayor distribuidor de ibéricos, y proporcionar materia prima.
Pero rápidamente, desde la dirección liderada por los hermanos Álvarez se decidió abastecerse de otros proveedores, importando así el producto. De esta forma, la relación comercial entre ambas partes fue empeorando.
En abril de 2019, los hermanos Álvarez fueron relevados de la dirección de la compañía por el consejo de administración y Vall Companys se hizo entonces con el control de la firma, que acabó después en concurso en acreedores y bajo tutela judicial.
La firma se había convertido en una de las principales empresas del sector de alimentación, con cerca de 500 millones de euros de facturación, gracias a a venta de productos ibéricos a muy bajo precio a grandes cadenas, como Carrefour o Ahorramás.
