En infraestructuras de agua, España tiene pendiente uno de los mayores desafíos ya que, de no afrontarlo urgentemente, se seguirán produciendo daños irreversibles al medio ambiente es el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo implicando, además, importantes sanciones por parte de la Comisión Europea (CE), que ya han comenzado a producirse, por el incumplimiento de la Directiva Europea.
El Informe Estadístico 2019-2020: Objetivos ODS presentado en marzo por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) recoge la necesidad de acometer inversiones por 14.961 millones de euros en España para cumplir con la Agenda 2030. En concreto, para el agua limpia y saneamiento, recogido en el ODS 6, estima un total de 5.253 millones de euros.
De esta cantidad, 3.506 millones corresponden a la reducción de aguas residuales. Son medidas inversoras, no realizadas, del ciclo de planificación hidrológico 2016-2021 (Estado y Comunidades Autónomas). Un 75% de esta inversión es de naturaleza básica y su no ejecución en plazo devengará sanciones de la CE.
Mientras, para la realización de una gestión integral de recursos hídricos protegiendo los ecosistemas relacionados con el agua requiere, según los cálculos de la organización que preside Julián Núñez, 1.747 millones. Destacan las inversiones por unos 1.622 millones en regulación (presas), reutilización (recarga acuíferos y tratamiento de regeneración para uso en regadíos y aguas de uso urbano e industrial), tanques de tormenta (gestión de aguas pluviales en ciudades) y desalación. Las medidas pendientes relacionadas con los ecosistemas del agua ascienden a 125 millones, con actuaciones en puertos y regeneración de playas.
El 27% de las inversiones programadas (781 millones de euros) tienen la condición de naturaleza básica
Adicionalmente, dentro del ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura, Seopan proyecta necesidades de inversión por importe de 2.898 millones de euros para la sostenibilidad, resiliencia y calidad de redes de saneamiento, distribución y suministro de agua. Así, para abastecimiento (depósitos y redes abastecimiento) suman 529 millones, para conducciones (saneamiento, distribución y suministro), 2.031 millones, y para estaciones de bombeo y potabilización, 106 millones y 232 millones, respectivamente. El 35% de las inversiones anteriores, 1.021 millones, son de naturaleza básica y, según advierte la patronal de la constructoras, su no ejecución en el plazo acarrearía sanciones de la CE. De igual modo, en el ODS 11.A Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales, admitiendo un tamaño medio del hogar de 2,5 (según el INE), se obtendría una inversión total estimada de 2.962 millones en alcantarillado (742 millones) y depuración (2.220 millones).
Además, para Vida y Ecosistemas Terrestres(ODS 15), se requieren un total de 3.848 millones de euros. El ciclo de planificación hidrológico 2016-2021 recoge múltiples actuaciones que representan 2.910 millones de inversión encaminadas a la prevención de la desertización y sequía con el incremento de las superficies regables, la modernización de regadíos para mejorar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, la mejora y modernización de la regulación de la red de riego en alta y redes de transporte y distribución. El 27% de las inversiones programadas (781 millones de euros) tienen la condición de naturaleza básica (inicio obligado antes de 2021). También contempla importantes inversiones para la prevención de avenidas e inundaciones que suponen 938 millones, con un adecuado nivel de planificación pero sin ejecución por falta de recursos, en ingeniería fluvial (906 millones), con medidas morfológicas, de mitigación y estructurales (encauzamientos, motas, diques,..), con intervenciones en cauces, aguas costeras y zonas propensas a inundaciones, e inundabilidad (32 millones), con medidas para mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica.
El 72% en estrés hídrico
Cabe recordar que las inundaciones son la mayor catástrofe natural en España (concentra 98% de daños a bienes, personas y pérdidas pecuniarias). Entre 2010 y 2018, se registraron 1.665 millones en indemnizaciones (185 millones al año). Asimismo, el 72% de la superficie de España se halla en estrés hídrico severo y el 50% en riesgo de desertización.
