
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió en ley el pasado viernes el histórico paquete de ayudas por valor de 2 billones de dólares y que incluye un pago directo único a los estadounidenses por valor de 1.200 dólares.
El programa de alivio también incluye una partida de casi 500.000 millones de dólares, con rescates directos para las aerolíneas, que será supervisado por un inspector general que controle la gestión del dinero que distribuirá el Departamento del Tesoro en colaboración con la Reserva Federal. De esta forma, se busca que el valor total de los préstamos de emergencia alcance un valor de hasta 4 billones de dólares.
Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca acompañó la rúbrica de la Ley con una nota donde aclaró como su administración pretende interpretar la legislación en lo que al poder del inspector general se refiere. "Mi gobierno no permitirá que éste emita informes al Congreso sin la supervisión presidencial", aclaró. De esta forma se busca mermar la influencia de esta figura cuyo objetivo es informar a los legisladores sobre la naturaleza de los préstamo y sus destinatarios.
Industrias como el comercio minorista, hoteles, viajes, salas de cine y manufacturas se están preparando para aprovechar los préstamos, subvenciones, desgravaciones fiscales y otra asistencia que ofrece la legislación.
De los 500.000 millones de dólares que ofrece el fondo, 50.000 millones de dólares suponen un salvavidas para las aerolíneas comerciales. La mitad serán pagos directos y la otra mitad préstamos y garantías. Debido a que las aerolíneas son las únicas empresas que reciben pagos directos, dichas ayudas vienen con condiciones que incluyen ciertas garantías. De hecho Trump indicó que el gobierno puede aprovechar para tomar una posición en el accionariado de estas empresas.
Los operadores de cruceros han quedado excluidos de este tipo de provisiones porque la sede fiscal Royal Caribbean está en Liberia, la de Carnival en Panamá y la de Norwegian Cruise Line en Bermuda, aunque tienen su sede oficial EEUU. El presidente de EEUU señaló la semana pasada que tratará "de resolver algo" pero reconoció que "es muy difícil otorgar un préstamo a una empresa cuando (sus sedes fiscales) se encuentran en un país diferente". Es por ello que recomendó a estas compañías hacer cambios en sus esquemas fiscales si quieren acceder a préstamos federales.