Las empresas eléctricas estudian reclamar la Responsabilidad Patrimonial a la Administración por la caducidad de unos 5.000 MW en derechos de acceso y conexión a las redes el próximo 31 de marzo, porque además de perder los avales que respaldan esos derechos -unos 50 millones de euros-, pueden ver arruinados los proyectos asociados, con costes hundidos millonarios. Una contradicción legal les da grandes expectativas de éxito.
La Ley 24/2013 del sector eléctrico establece que a final de mes caducan los puntos de conexión concedidos antes de su entrada en vigor. Tal y como adelantó elEconomista, hay proyectos por unos 5.000 MW en esa situación, algunos en una fase muy avanzada, sobre todo los adjudicados en las subastas de 2017 y 2018. Los avales asociados a ellos, al ser antiguos, son más bajos que los actuales y ascienden a 10.000 euros por MW.
Las empresas eléctricas han reclamado al Gobierno una prórroga de un año para aquellos proyectos que puedan demostrar su elevado grado de maduración, con contratos de compra de equipos, con licencias de obras o, incluso, con acreditaciones especiales de la Comisión Nacional de los Merados y la Competencia (CNMC).
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ya concedió un aplazamiento en 2018 al vencimiento de estos puntos de conexión para no frenar la materialización de los proyectos adjudicados en las subastas, pero ahora rechaza aprobar otra, indicando que se limita a cumplir la legislación.
Derechos en el limbo legal
La normativa que concedió la prórroga, sorprendentemente, indica que ésta era "excepcional y por una sola vez", pero resulta que todos los demás derechos de acceso y conexión otorgados al amparo de la Ley 24/13 no tienen fecha de vencimiento; están en una suerte de limbo legal en el que, de momento, tienen validez sine die.
Esta extraña situación responde a que la Ley es contradictoria: en una disposición -la transitoria octava- señala que todos los derechos de acceso y conexión caducan a los cinco años de haberse concedido, mientras que en otra -la transitoria undécima- establece que eso ocurrirá siempre que haya en vigor un decreto con los criterios para conceder estos permisos.
Es decir, a juicio de los juristas, la caducidad de los puntos de conexión el próximo 31 de marzo únicamente limita los derechos de unos promotores, mientras que todos los concedidos tras la aprobación de la Ley, discriminatoriamente, no tienen ese problema.
Además, resulta que los derechos de acceso que caducan están todos respaldados por proyectos firmes, porque son anteriores a la burbuja especulativa creada después; REE tiene concedido el acceso a 105 GW eólicos y fotovoltaicos, y se supone que están respaldados por avales de 4.200 millones -a razón de 40.000 euros por MW-, pero la mayoría de los concesionarios lo único que quiere es vender el permiso.
¿Por qué se produce esta paradoja? Pues porque cuando se estableció la fecha límite del 31 de marzo, que coincide con el plazo límite de las subastas, se daba por seguro que iba a estar aprobado un nuevo Real Decreto sobre acceso y conexión -había un borrador elaborado por el anterior Gobierno del PP-, pero no ha sido así; la prolongada interinidad del Gobierno, y las disputas entre el Miteco y la CNMC -ambos trabajan en paralelo en dos normas sobre la misma materia- lo han impedido.
Tras la ejecución del aval
En consecuencia, los bufetes y los departamentos jurídicos de las empresas entienden que tienen base legal suficiente para reclamar una indemnización al Estado por los perjuicios que les acarrea la caducidad de los puntos de conexión.
De acuerdo con el procedimiento, primero recurrirán la ejecución del aval, argumentando causas ajenas para no haber podido culminar los proyectos a tiempo -problemas técnicos sobrevenidos, falta de medios de la Administración, un recurso a la Declaración de Impacto Ambiental, etcétera- y, cuando la garantía financiera se ejecute, reclamarán la Responsabilidad Patrimonial de la Administración al Consejo de Ministros.
Llegado este momento, además de exigir la devolución de los avales ejecutados, las empresas pueden reclamar una indemnización al incluir los costes hundidos de los proyectos por la caducidad del punto de conexión, con una factura aún más elevada.
