Uno de los grandes males que provocó que la crisis económica se profundizase y se alargase tanto en España fue la tardanza con la que la Administración Pública solía saldar sus deudas con el sector privado que contrataba. En 2012, el Gobierno central se percató del daño que esto provocaba al tejido industrial y desarrolló un Plan de Pago a Proveedores dotado con más de 17.000 millones de euros. Durante unos años, la situación se suavizó —sin llegar a solucionarse—, pero en los últimos tiempos los viejos vicios están volviendo a aparecer.
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria ha puesto negro sobre blanco la evolución de la deuda contraída por las comunidades autónomas a lo largo de 2019. La cifra total alcanza los 1.100 millones de euros, lo que significa un aumento respecto al cierre de 2018 de un 20%. Además, si se compara con los últimos datos publicados (correspondientes al tercer trimestre de 2019) se observa que en los últimos meses del año la deuda ha crecido un 17,9%.
Si los números de las cifras globales de la deuda están experimentando una situación insostenible, el dato que hace referencia a los días de retraso en el pago de las facturas no se queda atrás. "El periodo medio de pago ha aumentado en 2019 en un 27,91% en relación con 2018, es decir, se ha pasado de 86 días a 110 días (24 días más), al igual que ha ocurrido en comparación con el tercer trimestre de 2019, al incrementarse en nueve días (un 8,9% más)", aseguran desde la federación.
Por comunidades autónomas se observa una España a dos velocidades. Si bien territorios como País Vasco o Navarra tienen un periodo de retraso de menos de 60 días, otras regiones como Cantabria y Murcia tienen datos muy superiores. Según la Federación, la primera se ha retrasado en 310 días, mientras que la segunda se retrasó en 224 días. En cualquier caso, la mayoría de comunidades suele tardar en pagar sus facturas entre tres y cuatro meses.
Este marco de deuda autonómica con el sector sanitario puede empeorar durante los siguientes meses por dos razones. La primera es de inercia, porque desde 2017 no para de crecer la deuda con este sector. Puede que el balón de oxígeno de las entregas a cuenta suavice la situación, pero también puede ocurrir que los millones de euros liberados por Hacienda se dediquen a los planes del Gobierno en materia sanitaria, que sería la segunda razón. El copago supondrá una inversión de los 17 territorios de unos 600 millones de euros, a lo que habría que sumarle el coste que supone la contratación de nuevo personal médico, que ascendería a 877 millones de euros, contando que se necesitan, tal y como asegura el Ministerio de Sanidad, 16.560 profesionales con un sueldo medio (también según el Gobierno) de 53.000 euros.
Luchar contra la obsolescencia
Hay una tercera promesa del Gobierno que pasa por rejuvenecer el parque tecnológico de los hospitales públicos, compromiso que no tiene adjunto una memoria. Sin embargo, sí que existe un cálculo que indica que se necesitará, para los próximos cuatro años, una inversión de 1.600 millones de euros.
En la actualidad, el 44% de la tecnología que hay en los centros sanitarios españoles tiene más de una década, circunstancia que aboca a un cambio rápido si no se quieren perder los avances, sobre todo en diagnóstico precoz, que a medio y largo plazo ahorran dinero al sistema sanitario.
Desde la patronal, conscientes de que seguirán existiendo tensiones económicas, se han ofrecido para flexibilizar los tipos de contratos públicos. Fórmulas como la de riesgo compartido, la compra pública innovadora o la consulta previa al mercado serán cada día más comunes entre los contratos que se realicen entre las administraciones públicas y las empresas.
