La Comisión Europea dará este próximo martes los primeros pasos para avanzar en el European Green New deal (Pacto verde europeo), que requerirá una inversión total de 1,2 billones anuales hasta 2030, lo que supone un incremento de 260.000 millones de euros anuales, frente al escenario base que se había trazado por el anterior Colegio de comisarios.
Para lograr movilizar estas gigantescas cantidades, el nuevo Ejecutivo comunitario anunciará el próximo martes, bajo la batuta de Úrsula von der Leyen, el lanzamiento de un Plan Europeo de Inversiones sostenibles, que contará con 1,1 billones de euros en efectivo, según un borrador de documento al que tuvo acceso elEconomista, y que ya reconoce que será insuficiente y necesitará del concurso del sector privado.
Este dinero se compondrá de las siguiente partidas: el Presupuesto comunitario aportará 485.000 millones de euros, el Mecanismo de transición justa otros 143.000 millones, los fondos del Esquema de comercio de emisiones sumarán 12.000 millones, el renovado Plan Juncker (InvestEU) aportará 280.000 millones y la confinanciación de los fondos estructurales otros 115.000 millones de euros.
La Comisión ha trazado las inversiones medias adicionales que se requerirán para cada sector entre 2021 y 2030. Según las cuentas del Ejecutivo comunitario, la inversión anual en medidas de eficiencia energética en el sector residencial ascenderá a 120.000 millones de euros, a los que habrá que añadirle 75.000 millones al año para los edificios destinados a servicios (sector terciario).
El sector del transporte requerirá 20.000 millones más al año, excluyendo las infraestructuras, en la próxima década, para lograr una electrificación más rápida.
El sector eléctrico necesitará también 40.000 millones anuales para incrementar la penetración de las renovables y para reducir la dependencia de la generación con combustibles fósiles de algunas regiones.
Con todas estas necesidades, la Comisión Europea se ha comprometido a tener listo para este verano un informe de impacto económico, para poder valorar la eficacia económica y en su caso incrementar la ambición de los objetivos climáticos para 2030, tal y como ya hizo el anterior Colegio de comisarios con la colaboración de Irena.
InvestEU
Una de las piezas clave de este programa de inversión de Von der Leyen estará en el programa Invest-EU, sucesor del European Fund for Strategic Investment (EFSI) -antiguo Plan Juncker- junto con 13 instrumentos financieros adicionales para movilizar 650.000 millones en los próximos siete años. De esta cantidad, alrededor del 30% tendrá que destinarse a inversión climática, lo que supone 195.000 millones en siete años y un total de 280.000 millones para los diez años (a razón de 28.000 millones de euros anuales).
Otra de las patas de financiación con las que contará la Comisión Europea proviene del Banco Europeo de Inversiones, ya convertido de pleno en una entidad climática desde la aprobación el pasado 14 de noviembre de su nueva política de crédito. En estos momentos, la entidad dedica el 30% de su financiación a operaciones de acción climática y se espera que alcance el 50% en el año 2025, lo que supondrá movilizar 608.000 millones de euros.
La Comisión Europea se propone también una mezcla de medidas regulatorias y de incentivos para poder cumplir con el objetivo de quien contamina paga, de modo que este coste se refleje en las decisiones de inversión. Para lograrlo prevé una reforma del Esquema de Comercio de Emisiones (ETS) para asegurar un precio efectivo para las emisiones de CO2, así como iniciativas para reducir las barreras a la inversión en eficiencia energética en el sector de la construcción. Esta reforma consideran que puede llegar a aportar otros 12.000 millones.
Taxonomía financiera
Bruselas prevé implantar la taxonomía financiera -creada en principio solo para que el sector privado pueda distinguir las inversiones sostenibles de las que no lo son- en el sector público y anuncia una revisión de la Estrategia de finanzas sostenibles para el tercer trimestre del año.
Esta decisión supondrá una profunda revisión de las políticas de ayudas de estado en el año 2021 para reflejar los objetivos de reducción de emisiones en 2050.
La Unión Europea se propone flexibilizar las ayudas para la electrificación de procesos de producción de modo que se pueda financiar la utilización de sistemas más sostenibles, ayudas para la eficiencia energética de edificios, lo que supondrá una mayor facilidad para dar ayudas a la actualización de los mismos o para invertir en sistemas de autoconsumo con renovables, la instalación de sistemas centralizados de calor y frío (district heatings), el cierre de plantas de carbón, la implantación de medidas de economía circular y el apoyo a las regiones afectadas por la transición energética.
Los informes semestrales que la Comisión realiza sobre los países miembros incluirán las inversiones necesarias para avanzar en los objetivos de sostenibilidad y cómo financiarlas para impulsar a los estados a hacer estas inversiones.
La Comisión prevé crear un Programa de apoyo a las reformas estructurales, para que sirva a los países para desarrollar su estrategia y mejorarla con las buenas prácticas de otros.
Se creará un InvestEU Advisory Hub para que pueda ayudar al sector público y privado a desarrollar proyectos que tengan problemas para encontrar financiación y que sirva para elaborar un catálogo de proyectos y facilitar el contacto entre inversores y promotores.
Bruselas aprobará también la estrategia de transición justa para las zonas afectadas por los cierres de centrales de carbón y minas.
