El año que que va a comenzar genera gran incertidumbre a las entidades financieras, ya que puede ser el ejercicio que en las penurias comiencen a visualizarse con fuerza en los grupos con menores capacidades o puede que sea el de un cambio positivo en sus expectativas. Todo dependerá de la evolución de la economía en Europa y, por ende, la estrategia que adopte el BCE sobre los tipos de interés. El escenario está tan abierto que ningún ejecutivo se atreve a pronosticar en estos momentos cómo será la evolución. Además, otros factores de vital importancia determinarán su futuro más inmediato, como las medidas que adopte el nuevo Gobierno sustentado por Podemos y la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre las hipotecas referenciadas al IRPH.
Las sensaciones de ahora, pese a la incertidumbre, son algo más positivas que hace unos meses, pero son las mismas que en los últimos años. La llegada de Christine Lagarde al frente del BCE puede ser el inicio de un cambio en la estrategia del organismo, hasta el punto de que los tipos de interés podrían subir antes de lo previsto. Las declaraciones más recientes hacen presagiar un posible giro en las medidas de la institución comunitaria, que prevé una crisis menos profunda de los previsto hace apenas unas semanas.
Detrás de la falta de rentabilidad se encuentran los tipos de interés negativos en los últimos tres años, un escenario que ha provocado una caída sustancial de los ingresos más básicos del sector. Por eso, una subida del precio oficial del dinero o un recorte de las tasas que aplica el BCE por el uso de su ventanilla es crucial para la supervivencia de algunos bancos. De alargarse en el tiempo esta coyuntura algunas entidades tendrán que verse abocadas a una fusión. Liberbank y Unicaja ya exploraron una operación en 2019 sin éxito. Ahora, ambos han retomado las conversaciones, aunque la primera estaría abierto a una adquisición amistosa de un tercero en el caso de las condiciones sean atractivas.
La inestabilidad es tal que ningún ejecutivo se atreve a pronosticar, sin lugar a equívocos, que 2020 será el ejercicio en el que la actividad crediticia vuelva a crecer tras diez de descensos. En los últimos meses la actividad, tanto hipotecaria y de consumo, se ha frenado y no se descarta que la parálisis alcance a la pymes. El riesgo político está debilitando la confianza de los consumidores y de los emprendedores y eso tiene un reflejo en la concesión de nuevos préstamos.
Así, en esta coyuntura, las entidades tendrán que enfrentarse a un nuevo año complejo, en el que contarán con pocas palancas para remontar el vuelo. Los costes operativos y la subida de las comisiones a los clientes se erigen como los principales motores para salvar un 2020, a no ser de que BCE mueva ficha antes de lo esperado. Las predicciones apuntan a que distintos grupos vayan a poner en marcha despidos masivos para encarar el futuro y los que ya tienen en curso un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) lo aceleren. Pero mientras, deberán invertir millones y millones de euros en los procesos de transformación tecnológica con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos.
Fin de varios planes estratégicos
El próximo diciembre vencen, además, diferentes planes estratégicos y, según avance el curso, no se descarta que los objetivos iniciales vuelvan a recortarse, con el consiguiente efecto negativo en las deprimidas cotizaciones. La primera prueba de fuego de estos proyectos tendrá lugar en el inicio del ejercicio, cuando el Tribunal de Justicia Europeo anuncie su decisión sobre las hipotecas referenciadas a IRPH. En el aire hay más de 40.000 millones en juego, que el sector podría devolver por abuso. Es decir, la supervivencia, porque el golpe puede llegar a ser diez veces superior al de las cláusulas suelo, y cuatro veces mayor al de las preferentes.
El caso de estas hipotecas, además, puede provocar un nuevo varapalo en la ya de por sí dañada reputación del sistema financiero. Aunque no es la única causa judicial que empañará su imagen. La Audiencia Nacional dará pasos en la investigación de la caída del Popular, al igual que será clave para BBVA, que está imputado por los supuestos encargos de escuchas del excomisario Villarejo a empresarios y políticos desde 2004 y 2017.
