Valencia
El próximo 1 de enero las autopistas AP-7 y AP-4 gestionadas por Aumar dejarán de ser de pago, y con el alzamiento de las barreras del peaje caerá el beneficio de Abertis. Las cuentas de la sociedad que ha explotado durante décadas ambas vías hablan por sí solas. Solo con la última prórroga de la concesión, que se produjo en tiempos del PP y por un periodo extra de 13 años, la compañía se ha embolsado la friolera de 1.249,7 millones de euros.
La cifra aglutina el beneficio de Aumar entre los ejercicios 2007 y 2018, un total de 12 años a los que habrá que sumar el pellizco final de 2019 -con el que la compañía pone punto final a su explotación tras la decisión del Gobierno socialista de liberalizar el servicio-. La decisión del Ministerio de Fomento comandado por el valenciano José Luis Ábalos supondrá además la extinción de la enseña, tal y como contempla la propia firma en la memoria de sus cuentas anuales: "la duración de la sociedad queda limitada a la duración de la concesión de la que es titular".
En el periodo mencionado el volumen de ingresos por los tramos gestionados (Valencia-Alicante y Tarragona-Valencia en la AP-7 y Sevilla-Cádiz en la AP-4) ascendió a un total de 3.480,7 millones de euros, de modo que el margen que obtuvo la empresa controlada por Atlantia y ACS fue del 35,9%.
¿Y por qué razón logró Aumar esta última prórroga de 13 años? Se pactó en 1997 con el 'popular' José María Aznar en la Moncloa. Fue la mayor de un total de tres prolongaciones de una concesión cuyo fin estaba previsto inicialmente para 1998. La empresa las negoció todas con bastante antelación. La primera se firmó en 1982 con la UCD para extender el servicio seis años (de 1999 a 2004), y la segunda, con el PSOE en 1986 por dos años más (de 2005 a 2006).
El mencionado 1997 llegaría la tercera. Fue la última y la más prolongada: de 2007 hasta el presente 2019. El decreto de la misma lo firma como ministro Rafael Arias-Salgado, si bien las crónicas de la época atribuyen un especial peso en las negociaciones al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.
Invertir 30 millones, ganar 1.250
A cambio de la prórroga de 13 años, el decreto de 1997 recogía una rebaja de las tarifas por parte de la concesionaria (sobre la que se dijo entonces que era de entre el 30 y el 40% del precio, en función del tipo de vehículo). También se acordaron inversiones "por un importe máximo de 5.000 millones de pesetas", 30 millones de euros al cambio que, en vista del beneficio obtenido, bien valió la pena invertir. Entre las mejoras llegó el enlace de la AP-7 en Terra Mítica (en Benidorm, la ciudad del propio Zaplana).
Ejercicio a ejercicio, la curva del gráfico muestra con claridad el impacto de la crisis económica en el negocio de ambas autopistas, que tuvieron en 2007 su pico más alto tanto en los ingresos (370,26 millones) como en el beneficio (159,15). Por contra, en 2013 llegó el negocio a su punto más bajo con 239,32 millones y, en 2011, tocaron suelo las ganancias al situarse en los 66,41 millones de euros. El pasado 2018, con 146,27 millones, los beneficios estuvieron cerca de los de 2007 a pesar de que la facturación se quedó lejos (en 306,47 millones). En caso de repetir un resultado similar en el presente 2019 el agregado de los 13 años de la última prórroga se situaría alrededor de los 1.400 millones.
Otro dato que dice mucho sobre la rentabilidad del negocio de Aumar es el laboral. La firma lograba este beneficio con una plantilla de tan solo 259 trabajadores fijos, según sus cuentas de 2018. Como consecuencia lógica del fin de los peajes buena parte de los mismos serán despedidos. Pero no todos, ya que el Estado se ha comprometido a mantener a los encargados de las labores de mantenimiento. Los responsables de los peajes, por contra, perderán su empleo afectados por un ERE de extinción que prevé afectar a un total de 140 personas.