El Gobierno italiano ha abierto el melón de los impuestos sobre el azúcar con un plan propuesto por el ministro de Educación con el que busca recaudar 1.500 millones de euros al año. Su idea consiste en gravar la bollería industrial y las bebidas azucaradas, por un lado; y los billetes de avión, por otro. El sector alimentario y las asociaciones de consumidores se han puesto en pie de guerra.
El ministro de Educación, Lorenzo Fioramonti, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), argumenta que gravar la bollería y las bebidas azucaradas protegerá la salud de los niños, mientras que el impuesto a los vuelos responde a su factor contaminante. Fioramonti no ha dado muchos detalles, pero ha justificado que el Estado recaudaría 1.500 millones para 2020 y podría destinarlos a investigación y educación, una idea que ha sido criticada por organizaciones empresariales y consumidores, que solicitan una mesa de diálogo con el Ejecutivo para abordar la cuestión.
La asociación de consumidores Codacons ha señalado en una nota que el gravamen sobre la bollería industrial y los refrescos carbonatados provocará a las familias "un gasto de 58 euros más por año" y su "efecto disuasorio en el consumo sería mínimo, de un 10%", tal y como demuestra "la experiencia de otros países que han aplicado medidas similares", mientras que "no tendría un efecto real en la salud".
El presidente de Codacons, Carlo Rienzi, ha calificado la medida de "hipócrita" porque "solo sirve para ganar dinero a costa de los consumidores" y perjudicará al sector alimentario, "especialmente a las pequeñas y medianas empresas".
La asociación que agrupa a las sociedades de refrescos en el país, Assobibe, calcula que "produciría una contracción del 30% en las ventas" y golpearía severamente a un sector que "en los últimos 10 años ha sufrido una disminución del consumo del 25%". "Un impuesto de este estilo causaría un retroceso del 10% del valor de nuestras actividades y pondría en riesgo 10.000 empleos", explica el presidente de Assobibe, David Dabiankov. Lamenta que "en Italia, la presión fiscal ya es muy alta" y el sector de las bebidas refrescantes "tiene un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 22%, por lo que una penalización adicional sería demoledora".
La medida no es nueva, el M5S ya avanzó su intención de aplicar un impuesto a las bebidas carbonatadas en otoño del pasado año, cuando gobernaba con la Liga, aunque finalmente no se llevó a cabo. Dabiankov recuerda que aquella propuesta de 2018 habría aumentado "40 céntimos el litro", lo que supondría "prácticamente una subida del 50% del precio".
La federación que representa a la industria alimentaria en Italia, Federalimentare, también ve un impuesto al azúcar como una decisión "equivocada, que tendría efectos nulos para la salud pública y castigaría a la economía doméstica". La asociación que agrupa a empresas del sector alimentario italiano Unione Italiana Food subraya que la producción de la bollería en Italia generó 1.000 millones de euros en 2018 y evidencia que el sector ha hecho esfuerzos para reducir en los últimos diez años en un 30% la presencia de azúcares.
Dinamarca e Irlanda, pioneros en un impuesto que retiraron
La crítica de Federalimentare apunta a ejemplos como Francia, que "introdujo un impuesto para bebidas azucaradas en 2012, que provocó una caída del 2,2 % en las ventas al inicio antes de regresar a los mismos niveles o Dinamarca, que en 2014 eliminó la tasa sobre los refrescos, tras reconocer su naturaleza regresiva".
En Europa, Irlanda fue el país pionero en aplicar un impuesto sobre los productos de alimentación azucarados. Lo hizo en 1916, y lo mantuvo hasta el año 1992. Dinamarca implementó el gravamen sobre bebidas azucaradas en 1930 y finalmente lo retiró en 2014. Finlandia y algunas ciudades grandes de EEUU como Chicago, Filadelfia o San Francisco están entre las más recientes incorporaciones a esta fiscalidad que ha levantado ampollas por su repercusión sobre productos muy populares.
En España, Cataluña se adelantó en mayo de 2017 aplicando una tasa de entre el 10 y el 20% a los refrescos, que ha terminado siendo anulada por el Tribunal Superior de Justicia alegando aspectos formales en su aprobación. El caso depende ahora de un recurso interpuesto por la Generalitat ante el Tribunal Supremo. El Gobierno de España, por su parte, también comenzó a estudiar a finales del año pasado la aplicación de un impuesto similar al catalán en todo el país, guiado por la alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea ante la actual plaga de obesidad y diabetes.
Tributo a los viajes en avión
Volviendo a Italia, la vicedirectora general del Instituto italiano Bruno Leoni, uno de los laboratorios de ideas más reputados del país, Serena Sileoni, sostiene que los consumidores no dejarán de comprar estos productos, aunque sean más caros, mientras que las empresas sí se verán obligadas a utilizar ingredientes de menor calidad para reducir sus costos.
En cuanto a los billetes de avión, que también quedarían afectados por un impuesto añadido, la asociación de consumidores Codacons ha rechazado que los viajeros deban pagar más. En Italia "ya se aplican una serie de gravámenes aeroportuarios, de seguridad, municipales y comisiones, que en muchos casos elevan el precio del billete en un 40%", ha recordado Carlo Rienzi, presidente de la agrupación.
"Detrás de estas ideas está la necesidad recaudatoria del Gobierno", añade Serena Sileoni, también aludiendo a los billetes de avión. La vicedirectora general del Instituto italiano Bruno Leonise se pregunta si con este tributo se busca ayudar a la aerolínea Alitalia, en administración concursal desde mayo de 2017. "Alitalia siempre ha sido una empresa que ha tenido que ser ayudada por los consumidores, incluso cuando ha sido privatizada", apunta.
