La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga "irregularidades" en el sistema concesional de las líneas de autobús interurbanas. El foco del superregulador está puesto primordialmente en los concursos de las rutas de titularidad estatal, cuyos pliegos han sido recurridos, anulados y modificados una decena de veces por falta de objetividad y transparencia. Por ejemplo, la propia CNMC abrió expedientes contra los últimos pliegos aprobados por el PP para licitar las rutas Madrid-Toledo-Piedrabuena y Valladolid-Soria-Zaragoza por "evitar la competencia efectiva en el mercado" y efectuó una serie de requerimientos para que se modificaran.
Cuando el PSOE llegó al poder suspendió el concurso porque algunas cláusulas fueron declaradas nulas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), revisó los pliegos y los volvió a sacar en junio de 2019 con casi las mismas conductas y puntos que el organismo que preside José María Marín Quemada ya había censurado, como por ejemplo "la imposición de barreras de acceso" o "no efectuar división en los lotes sin justificar la exclusividad en los tráficos".
Eurorutas denuncia "alguna de las innumerables prácticas y actuaciones cuando menos irregulares habidas en el sector"
Aunque la CNMC lleva tiempo detrás del sistema concesional, la investigación se ha abierto después de que Eurorutas, un grupo formado por unas 80 empresas de transporte de pasajeros, ha interpuesto una serie de denuncias ante el organismo y la Unión Europea (UE) para manifestar "alguna de las innumerables prácticas y actuaciones cuando menos irregulares habidas en el sector". Los escritos finalmente se han presentado entre julio y agosto de 2019, pero estas empresas ya quisieron poner en conocimiento de la CNMC estos hechos hace más de un año, proceso que se paralizó con el cambio de Gobierno en junio de 2018 ante la idea de que el nuevo equipo del Ministerio de Fomento pusiera orden en los concursos. Algo que no ha hecho.
Las "irregularidades"
En concreto Eurorutas, que critica la "pasividad" de la patronal ante las "prácticas que atentan contra el libre mercado y coartan la libre competencia", denuncia que la gestión por parte de Fomento de los concursos públicos concesionales de transporte de viajeros por carretera entre 2012 y 2019 ha estado marcada por "la discrecionalidad para determinar la mejor oferta", "la falta de transparencia y objetividad" y el incumplimiento del principio de "no discriminación".
Critican la "pasividad" de la patronal ante las "prácticas que atentan contra el libre mercado"
En este punto, la asesora legal del grupo formado por pequeñas y medianas empresas del sector, Adoración Navarro, considera significativamente grave la "incompetencia en la redacción de los pliegos", que han sido anulados en una docena de ocasiones tanto por el Tacrc como por la Justicia ordinaria; la falta de transparencia e inseguridad jurídica debido a la ausencia de "criterios previos, objetivos, claros y uniformes" que, entre otras cosas, dejen claro cuando una oferta se considera temeraria y cuando no. La asesora asegura así que existe "arbitrariedad y continuos cambios de criterio".
Por ejemplo, Globalia se adjudicó en 2017 la explotación de la línea que une Alicante-Cartagena-Murcia tras presentar una oferta con un 50% de rebaja, e igualmente el grupo Avanza en la Madrid-Segovia con un descuento similar, un ajuste del precio que en otras ocasiones ha sido rechazado por baja temeraria. En este punto, también se denuncia el último pliego elaborado por el PSOE, que evitó presentárselo a la CNMC antes de sacar el concurso de tres líneas en junio.
El 52% de las rutas nunca han salido a concurso pese a llevar más de dos años caducadas
A su vez, la denuncia señala que muchas concesiones interurbanas han sido prorrogadas varias veces y que un gran número de ellas nunca han salido a licitación pública y que continúan siendo explotados por el mismo operador, pese a que llevan más de dos años caducadas. En este sentido, la web de Fomento recoge que el 52% de las líneas de autobús estatales están pendientes de licitar y que muchas de ellas llevan caducadas desde 2013, como por ejemplo la ruta que une Logroño con Madrid o la que conecta Murcia y Valencia. "Desde el año 2012 en el caso de las concesiones de titularidad estatal, con carácter general y de forma injustificada, no se vienen licitando los servicios según orden de fecha de vencimiento". El escrito también señala que hay una docena de concesiones cuya adjudicación fue anulada por el Supremo y que, lejos de relicitarse de forma urgente, las empresas que ganaron los concursos han operado los servicios durante más de cuatro años "sin título alguno que lo justifique".
En cuanto a las comunidades autónomas, la denuncia se centra en Madrid y Asturias. El Principado ha ampliado durante cinco años de forma directa los servicios públicos lineales que en 2019 fueron integrados en la concesión zonal (esta es la cuarta prorroga desde que se promulgó la LOTT). Estos servicios nunca han salido a concurso público y llevan siendo explotados por la misma empresa desde 1947. En esta línea, Madrid también pretende prorrogar (por tercera vez consecutiva) las concesiones de las líneas antes de diciembre, que es cuando caducan, lo que, para los demandantes, implica una medida discriminatoria que "enriquece injustamente a la actual empresa".
Competencia tiene la obligación legal de investigar todas las denuncias. Tras la primera fase de estudio de las conductas presuntamente ilícitas, arranca el proceso de inspección para recoger las pruebas y luego se abre expediente sancionador. Según fuentes cercanas al caso, la CNMC ya se ha puesto en contacto con los demandantes para solicitarles información adicional.
