El borrador de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológica, que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, deja en el aire uno de los ejes principales para poderse llevar a cabo: la financiación. Según apunta el documento, "resulta muy complejo hacer una estimación global de las necesidades de financiación que puede conllevar la implementación de una infraestructura verde". Y, además de no hacer cálculos, pone de manifiesto la necesidad de contar con el sector privado para poder llevar a cabo la estrategia.
Si bien el documento, que pretende dar respuesta a los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad a 2020, no cuantifica el coste de implementar esta estrategia, sí que da algunas cifras para hacer estimaciones de lo que puede suponer. El Plan Estratégico del Patrimonio Natural de la Biodiversidad 2011-2017 recogía una estimación presupuestaria de 750 millones de euros para su desarrollo. Y el informe de valoración de costes de conservación de la Red Natura 2000 en España calculaba un coste anual de 934,7 millones de euros (68,8 euros por hectárea) para las Administraciones Públicas españolas, aunque el informe señalaba que para conseguir alcanzar los objetivos de conservación sería necesario aumentarlo hasta los 1.556,8 millones de euros (113,5 euros por hectárea).
Si no está claro el coste que tendrá la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, tampoco lo están los instrumentos que se utilizarán para llevarla a cabo. A nivel estatal, el documento, cuya fase de consulta pública terminó el 27 de junio, destaca tanto el Fondo para el Patrimonio Natural y Biodiversidad, pero más allá "no existen aún líneas generales de financiación pública nacional específicas para fomentar la conectividad ecológica, e incluso a nivel regional, aplicables al mantenimiento y conservación de zonas o redes de conectividad identificadas como prioritarias a nivel espacial". Si bien, existen otros fondos más generales que podrían tener incidencia directa sobre las infraestructuras verdes, como el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático (Pima Adapta).
Gran parte de la financiación pública tendrá que venir de la Unión Europea, que cuenta con instrumentos financieros que pueden ser utilizados para promover el desarrollo de la infraestructura verde y de la conectividad ecológica. Dos de ellos son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). "Son quizá los que mayores posibilidades ofrecen de financiar la conectividad espacial y la regeneración de ecosistemas naturales en el medio rural".
También el programa Life de la Unión Europea, dentro de su sección de Medio Ambiente, Life Naturaleza y Biodiversidad, ofrece oportunidades para financiar la Estrategia Española de Infraestructura Verde. De hecho, varias ciudades, como Santander y Zaragoza, ya han llevado a cabo proyectos para hacer un desarrollo urbanístico basado en infraestructuras verdes. Otra opción que vendría de Europa es el programa Horizonte 2020, que también permite la implementación de este tipo de proyectos, siempre que tengan un marcado valor de innovación, y siempre que estén vinculados con acciones por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas.
Leticia Hernández, abogada y socia directora de LHM Legal, apunta que "se sigue contando con financiación europea, que está muy bien, y luego se pasa el testigo a la financiación privada. A nivel de financiación pública no está muy claro qué se va a hacer". De hecho, el borrador de la Estrategia es realista y señala que "además de las no siempre abundantes fuentes públicas de financiación", habrá que estudiar fórmulas de financiación público-privada y privada.
¿Quién paga?
En el ámbito de la financiación privada es, precisamente, donde llega una de las principales novedades que presenta el borrador de la estrategia, al superar el principio de quien contamina, paga, y pasar un concepto mucho más amplio de quien provee, cobra. "Se ha demostrado que quien contamina, paga, pero así no se incentivan comportamientos positivos con el medio ambiente", explica la socia directora de LHM Legal. De este modo, el documento pasa de hablar de contaminación a hacerlo de impacto y beneficio.
En este ámbito de la financiación privada, el borrador de la estrategia habla de buscar "mecanismos innovadores de financiación", citando seis, desde incentivos para retribuir las externalidades positivas generadas por los servicios de los ecosistemas, esquemas para el pago por servicios de los ecosistemas, sistemas basados en la creación de créditos negociables, mecanismos de compensación relacionados con la diversidad biológica, acuerdos voluntarios para la protección de la biodiversidad y mecanismos de certificación y etiquetado para reflejar las repercusiones sobre la biodiversidad de determinados productos. Sin embargo, la estrategia hace hincapié en dos de ellos: el pago por servicios medioambientales y los bancos de conservación de la naturaleza.
En el caso de los primeros, que ya están reconocidos en la legislación española en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo el principio de quien provee, cobra, o quien se beneficia, paga, pueden ser de difícil aplicación, ya que "tal y como está redactado el texto, obligaría a establecer una relación causal muy directa", explica Hernández. En el caso de los bancos de conservación se parte de la base de que se rijan por el principio de "no pérdida neta" y se establece que la Administración creará un organismo regulador que gestione la obtención de los créditos ambientales que se generarían para compensar los daños ambientales.
