La escasa dimensión de las explotaciones, la especialización por la introducción de nuevos cultivos o la pérdida de activos en el mundo rural por el envejecimiento y la despoblación está provocando que la externalización de las tareas agrícolas "avance a pasos agigantados", según la Asociación de Empresas de Servicios Agrícolas y Empresarios de Máquinas Cosechadoras (Amaco-Anesa). Aunque no hay datos oficiales, esta organización calcula que en España hay unas 5.000 empresas de este tipo, 2.000 más que las existentes hace 10 años. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro
La evolución de la agricultura ha hecho que la tradicional externalización de las recolecciones mecanizadas del cereal se haya ido ampliando de forma acelerada a otras como la del viñedo, el algodón o la remolacha; a tareas como la aplicación de fitosanitarios; a la plantación de cultivos emergentes como el olivar o el almendro, o a las técnicas de siembra directa y de precisión. En su último eslabón, se llega hasta la gestión total de la explotación.
"Las empresas de servicio son el futuro", afirman desde Amaco-Anesa. "Al agricultor no le es rentable comprar máquinas que pueden costar hasta 400.000 euros? Y ahí estamos nosotros. Además, la PAC ha hecho que haya surgido un tipo de agricultor de segunda actividad que demanda servicios agrícolas".
Empresas camufladas
El desarrollo de las empresas de servicios agrícolas se enfrenta sin embargo a la competencia desleal. "Es un problema importante. La legislación permite a cualquier agricultor realizar hasta un 20 por ciento de su facturación en trabajos a terceros, pero en realidad son empresas de servicios camufladas que hacen mucho más y que cobran en dinero negro", afirman desde Amaco-Anesa.
Las empresas de servicios agrícolas constituidas como tal no pueden acceder a las ayudas que tiene un agricultor a título principal a la compra de maquinaria agrícola o a la implantación de las nuevas tecnologías. A eso hay que añadir una legislación laboral con muchos más costes, ya que la contratación de empleados, sujeta al régimen general, supone una carga de un 35 por ciento en seguros sociales.
Pablo, un empresario de la localidad vallisoletana de Simancas, es víctima directa de esta competencia desleal. Durante los últimos años ha visto cómo su actividad se ha reducido drásticamente de las 4.000 ó 5.000 hectáreas en las que hacía alguna labor a las apenas 500 que trabaja ahora. "Invertí 800.000 euros en maquinaria. Tengo tres tractores, una cosechadora, un camión y podía dar empleo a 10 ó 12 personas, pero ahora estoy yo sólo", asegura, mientras reclama tener acceso a las mismas ayudas que un agricultor con fincas propias.
Jubilados subidos al tractor
"Ya no es sólo que ellos tengan ayudas que nosotros no tenemos, lo que ya te pone en una situación de desventaja porque tienen mejor maquinaria que yo, sino que hay muchos jubilados que dan de alta a su hija o a un familiar como jóvenes agricultores, pero en realidad son ellos los que siguen haciendo las labores", explica para reflejar una realidad que impide un mayor desarrollo de las empresas de servicios agrarios. "La pena es que trabajo hay. Yo sólo digo que todos iguales o nada".
Desde Amaco-Anesa reclaman una medida "relativamente fácil" para evitar el mercadeo en negro de los servicios agrícolas. "En las devoluciones por el consumo de gasóleo agrícola tiene que haber controles. Es fácilmente cuantificable cuánto se consume. Todo lo que sea más del que requieres para tu explotación tenía que justificarse ante la Agencia Tributaria", aseguran.
Motores de innovación
Esta organización de empresarios agrícolas reclama la "homologación" con el resto del sector, y eso pasa por una mayor atención por parte de la Administración. "En España no pedimos que haya una dirección general, pero es que no tenemos ni un negociado al que podamos trasladar nuestras demandas. En Eslovenia hay ocho empresas de servicios y tienen un señor en el Ministerio que se encarga de ellos. Nadie quiere saber nada de nosotros", aseguran, mientras denuncian los problemas que sufren a la hora de homologar maquinaria importada de otros países.
Desde Amaco-Anesa reivindican el importante papel que juegan estas empresas en la innovación en el mundo de la agricultura. "Lo que son capaces de desarrollar esta gente es impresionante. Un ejemplo. La mecanización de la recogida del algodón surgió después de que a un empresario de la recolección se le ocurriese aprovechar las técnicas que se utilizan en la máquinas de cosechar arroz. En la recogida de la remolacha también se ha avanzado mucho gracias a nosotros".
Jóvenes empresarios
La prestación de servicios se ha convertido también en una importante vía de crecimiento para muchos jóvenes agricultores muy profesionalizados y con un alto espíritu emprendedor. Las dificultades para acceder a la compra de tierras y ampliar sus explotaciones les ha llevado a constituir empresas de servicios para, al mismo tiempo que se mantienen como agricultores a título principal para poder acceder a las ayudas públicas, encontrar en las labores a terceros una vía no sólo para crecer, sino para tener posibilidades para apostar por las últimas tecnologías.
Precisamente, el impulso a las nuevas tecnologías es uno de los argumentos que el Instituto Agrícola de Cataluña esgrime para defender la importancia de las empresas de servicios agrarios.
?Gap fiscal?
"Tanto desde el punto de vista de introducción de la I+D, que no está llegando al campo, como del ahorro de costes de inmovilizado material, nosotros proponemos introducir y fomentar las empresas agrarias. Hoy no tiene mucho sentido que se realicen determinadas inversiones por parte de los agricultores cuando esa maquinaria, servicios de mantenimiento o externalización de mano de obra puede ser asumida por estas compañías, que podrían amortizar rápidamente el inmovilizado e introducir las nuevas tecnologías", explica Ignasi Sans, jefe de los servicios técnicos del Instituto.
Desde esta organización, integrada en la patronal catalana, destacan que uno de los mayores inconvenientes para el desarrollo de las empresas agrarias está en el gap fiscal. "El principal problema es que tiene que facturar con un IVA del 21 por ciento, mientras que el de los productos agropecuarios es mucho más pequeño, con lo que el agricultor que contrata los servicios se come el diferencial, que muchas veces es ya el margen que tiene el propio producto con lo cual no compensa", añade Sans.
Desde el Instituto Agrícola se reclama que se legisle de manera que todo el mundo pueda diversificar las actividades sin poner en peligro las ayudas que estás recibiendo por mantener la actividad agraria. "No sólo estás favoreciendo al propio agricultor, sino probablemente a otros empresarios agrarios de la zona que no tendrán que invertir en inmovilizado y así pueden hacerlo en sus explotaciones para hacerlas más competitivas", apunta Sans, quien añade que "las empresas de servicios sirven para fijar población en el ámbito rural porque es de las pocas ocupaciones que no puedes deslocalizar".
"Los planes de desarrollo rural no están pensando en fomentar este tipo de empresas, sino más bien orientados a figuras como el agricultor a título principal, un poco instaladas en el esquema de cada agricultor con su propia explotación encerrado en sí mismo vendiendo a un tercero. Si queremos que no sólo se modernicen las explotaciones grandes hay que impulsar las empresas de servicios agrarios", concluye Sans.
