La Ley de Morosidad de 2004 estableció que las empresas privadas no pueden pagar a más de 60 días y el sector público a más de 30. Sin embargo, permitía aumentar los plazos si se producía un pacto entre las partes, lo que de facto implicó que las grandes impusiesen plazos mayores a las pequeñas. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores
En 2010, una reforma de la ley suprimió el pacto, obligando a que todas las facturas se pagasen en los plazos establecidos. Pero ni en 2004 ni en 2010 el legislador aprobó un sistema sancionador, similar al que tienen en Francia, que multase a aquellas empresas que incumpliesen pagos.
Antonio Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), surgida en 2009 en plena crisis ante el fuerte desgaste en los pagos, explica que llevan tiempo presionando al Gobierno y proponiendo a todos los partidos políticos la aprobación de ese régimen sancionador. Dos directivas de 2011 determinan que ante un cumplimiento se puede ir a los tribunales y cobrar por el exceso un interés del 8% de sanción más el precio oficial del dinero.
Además de 40 euros por factura emitida e impagada en plazo. Pero pocas son las empresas que se atreven a llevar a sus clientes a los tribunales. "La primera sentencia firme del Tribunal Supremo es de diciembre del pasado año, seis años después de la aprobación de las directivas", apunta Cañete.
Iniciativa de Ciudadanos
Ciudadanos se hizo eco y en mayo de este año presentó en el Congreso la Propuesta de Ley que establece un sistema de sanciones de oficio; es decir, sin necesidad de que haya una denuncia previa. El pacto de Gobierno de la formación naranja con el Partido Popular ha propiciado la tramitación del proyecto. A principios de este mes se ha cerrado el plazo de enmiendas, con 144 presentadas por todos los grupos, y ahora se abre el debate en Comisión y posteriormente en Pleno.
"Las enmiendas de todos los grupos, incluidas las de Ciudadanos, van dirigidas a clarificar las disposiciones de la Ley: poner más claro cómo funciona el Sistema Arbitral de Morosidad y cómo funciona el régimen sancionador", explican fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos.
Cañete aclara que el organismo encargado de detectar los impagos y denunciar al infractor ha supuesto el mayor tema de fricción en estos cinco meses de presentación de enmiendas. Sin embargo, el consenso parece claro y todos los grupos parlamentarios apuestan por delegar en Hacienda este papel. Todos, a excepción del grupo vasco, que prefiere que esa labor quede en manos de las comunidades autónomas.e.
El artículo 17 del proyecto de Ley crea un Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que entre sus competencias está la de "trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos incumplimientos detectados en el ejercicio de sus funciones".
La composición, funcionamiento y funciones se determinarán reglamentariamente asegurando la participación de las organizaciones y asociaciones empresariales y de autónomos, multisectoriales de ámbito estatal y autonómico más representativas, y de la Plataforma Multisectorial de la Morosidad, según establece el Proyecto. Dicho artículo ha recibido ocho enmiendas, entre ellas una del grupo vasco que pide la supresión, por lo que se podrían producir cambios.
Cañete explica que existen varias vías a disposición de Hacienda para detectar los excesos en los plazos, principalmente la presentación de las facturas del IVA y el cobro efectiva de estas. No obstante, la Ley establece un buzón de denuncias anónimas para reforzar la investigación de Hacienda a través del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria que habilitará un Buzón de Lucha contra la Morosidad que "actuará como canal telemático centralizado en el que cualquier persona física o jurídica pueda comunicar, de manera anónima, los presuntos incumplimientos". Al igual que el Observatorio, este buzón se tendrá que desarrollar reglamentariamente.
Pero si Hacienda tiene la función de detectar los incumplimientos, bien con el Observatorio, bien con su buzón anónimo, la pelea sigue abierta sobre qué Administración recaerá la labor de la inspección, y sanción en su caso, de las empresas morosas. "El régimen sancionador, de cualquier materia, está transferido a las comunidades autónomas; de hecho, algunas actúan ya en materia de morosidad, aunque la realidad es que hay pocas denuncias por temor a las represalias de los grandes cliente", dice Cañete.
El presidente de la PMcM declara que la "sensación" es que Hacienda no sólo quiere controlar la morosidad, sino que también quiere quedarse con la potestad sancionadora.
