Madrid
La última edición del informe Indicadores Comentados sobre el Estado del Sistema Educativo Español, presentado por las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación, ha revelado que la rentabilidad del Bachillerato y la Formación Profesional (FP) respecto a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es del 17% para los hombres y del 18% para las mujeres. Este dato subraya un notable rendimiento de la educación postobligatoria en comparación con la básica.
El informe, actualizado a 2024, también señala que poseer estudios universitarios incrementa el retorno salarial en un 22% para los hombres y en un 29% para las mujeres en comparación con un título de Bachillerato o FP. Estos hallazgos fueron presentados por Aitor Lacuesta, del Banco de España, quien realizó el estudio "Estimación del Rendimiento de la Educación".
Y es que el mercado laboral europeo está enfrentando desafíos significativos que demandarán una transformación en la composición de la fuerza laboral. Diferentes estudios prevén que para 2030 se experimentará un aumento acelerado en la demanda de trabajadores altamente cualificados. En este contexto, Esther López Martín, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), destaca la importancia de potenciar la Formación Profesional (FP) mediante la mejora de su atractivo y enriquecimiento de la experiencia educativa. Sin embargo, advierte que la falta de evaluaciones a gran escala en este ámbito limita la capacidad de los responsables políticos para tomar decisiones informadas. López Martín confía en que iniciativas internacionales como la evaluación de la FP promovida por la OCDE contribuirán a proporcionar datos valiosos y mejores prácticas.
En 2023, el empleo dirigido a titulados de Formación Profesional ha repuntado significativamente, con un aumento de más de siete puntos respecto al año anterior, alcanzando un 41,91% de la demanda laboral en España. Esto supera a las titulaciones universitarias, que representan el 27,5% de las ofertas. Dentro de la FP, los ciclos formativos de Grado Superior han visto un incremento del 4,33%, subiendo del 21,39% al 25,73% en la oferta de empleo. Las ofertas para ciclos de Grado Medio también han crecido en un 2,82%, alcanzando el 16,18% del total.
Las áreas de FP con mayor demanda incluyen Administración y Gestión, aunque ha experimentado una caída interanual del 8,73%, seguida por Electricidad y Electrónica, que ha perdido 6,07% de presencia en la oferta laboral. Fabricación Mecánica se mantiene en tercer lugar con una ligera disminución, mientras que Instalación y Mantenimiento sube al cuarto puesto, a pesar de una caída de casi nueve décimas.
El rendimiento depende de cómo se gasta
A pesar de que muchos países, como España, han fijado objetivos de gasto educativo, como el 5% del PIB, la relación entre gasto y resultados educativos es más compleja de lo que parece. La evidencia muestra que un mayor gasto no siempre se traduce en mejores resultados educativos, especialmente cuando se superan ciertos niveles en sociedades avanzadas. Aunque un gasto educativo insuficiente puede perjudicar el rendimiento, es crucial que el gasto sea administrado con eficiencia.
Rafael Doménech y Ángel de la Fuente, en su análisis sobre los recursos en la enseñanza, concluyen que "los resultados educativos dependen más de cómo se gasta que de cuánto se gasta". Sergi Jiménez-Martín añade que "la desigualdad educativa no solo afecta a los individuos y a sus familias, sino que también tiene implicaciones macroeconómicas". En su conclusión, subrayan la importancia de adoptar enfoques más holísticos y centrados en la calidad para avanzar hacia sistemas educativos más efectivos y equitativos, independientemente de los recursos financieros disponibles.
Y es que en España, donde la tasa de fracaso escolar sigue siendo alta (13,6% en 2023), la prioridad debe ser mejorar la gestión de los recursos antes de considerar aumentos fiscales. Los recursos deben ser utilizados de manera más efectiva, enfocándose en áreas críticas como la formación docente y el diseño de currículos educativos adecuados. En lugar de simplemente aumentar el gasto, se recomienda adoptar enfoques holísticos que incluyan mejorar la capacitación docente, actualizar los currículos, invertir en infraestructura y promover la equidad en el acceso a la educación.
Por su parte, Jiménez-Martín, investigador de la Universitat Pompeu Fabra, señala que "un sistema educativo retrasado y desigual produce una fuerza laboral menos cualificada y productiva". Aunque el estudio no ofrece evidencia causal directa, Jiménez-Martín sugiere que la evolución de la desigualdad educativa podría haber influido en el bajo rendimiento de la productividad en España. No obstante, añade que la convergencia del nivel educativo entre generaciones podría traer noticias positivas en un futuro cercano.
La educación terciaria está infrafinanciada
Según Education at a Glance 2023, España está a la cola en cuanto a esfuerzos presupuestarios hacia la educación terciaria en comparación con otros países de la OCDE. De hecho, en 2020, el 2,1% del gasto gubernamental total se destinó a la educación terciaria, muy por debajo del promedio de la OCDE (2,7%). La evolución del gasto tampoco ha sido buena. En 2010, el gasto universitario público alcanzó su punto máximo,un 0,94% del PIB. Con la crisis, este indicador bajó, alcanzando el0,75%. Solo se recuperó ligeramente después, hasta el 0,87% en 2021, aún lejos de los niveles precrisis. Esto no es sorprendente. España está sufriendo un caso extremo con una población envejecida, financiación pública insuficiente y efectos tempranos del cambio climático.
Ante este contexto, José Antonio Pérez García, de la Universitat de Valencia, ha analizado los precios de matrícula y la financiación de las enseñanzas universitarias en España. Su estudio revela que el 82% de los estudiantes está en instituciones públicas, mientras que el 18% restante asiste a universidades privadas. En 2021, las matrículas en universidades públicas costaban entre 1.198 y 8.387 euros en las privadas. Pérez García sugiere que las universidades públicas deberían proporcionar información detallada a los estudiantes sobre el coste total de sus estudios y la parte subvencionada por los presupuestos autonómicos. Esta transparencia, según él, permitiría a estudiantes y familias comprender mejor la política de financiación y tomar decisiones informadas, mejorando así la calidad y eficiencia del sistema educativo.
Pérez destaca en su análisis que los precios públicos de matrícula universitaria en España no reflejan las diferencias en los costes de enseñanza, la calidad de la docencia ni el rendimiento académico en distintas comunidades autónomas. En cambio, estos precios responden a las políticas de financiación de cada gobierno autonómico y a la combinación de financiación pública y privada que consideran adecuada para la educación universitaria.
Las subvenciones autonómicas que reciben las universidades públicas no solo financian la enseñanza, sino también la capacidad investigadora del profesorado, con al menos un 30% de su tiempo dedicado a I+D+i. "Al sumar los precios públicos y las subvenciones autonómicas, se observa que los mayores precios no necesariamente implican una mayor financiación estructural para la educación universitaria", desvela el documento.
"No existe una correlación directa entre los precios públicos y la renta per cápita regional". Comunidades como Madrid y Cataluña, con alto PIB per cápita, dedican menos recursos públicos a educación universitaria en comparación con comunidades forales que aplican subvenciones más altas. En contraste, regiones como la Comunidad Valenciana y Andalucía tienen una financiación estructural superior a la esperada según su PIB per cápita. Además, salvo en el País Vasco y Navarra, las universidades públicas generalmente tienen menos financiación que las universidades privadas para ofrecer sus servicios educativos.
