El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes varios aspectos que estaban incluidos en la ley de Función Pública que el Ejecutivo negoció sin llevar a término con los sindicatos la pasada legislatura, entre los que se incluyen la evaluación del desempeño de los empleados públicos. Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la norma que las regula, este miércoles 20 de diciembre, las medidas de refuerzo entrarán el jueves en vigor.
El texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal. Con esto se persigue una mejora de la productividad que redunde en una mejor prestación del servicio público. Dichas evaluaciones, consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley que decayó, se plantean en positivo. Y en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen.
En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, "se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño".
El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el encargado de anunciar su aprobación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que el objetivo de las medidas es el de "modernizar la administración pública".
Habrá beneficios para quienes las superen
"El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación", subraya Presidencia en un comunicado.
Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional al ser clave en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y para el acceso a las formaciones que plantee.
Igualmente, se introduce la carrera profesional horizontal, que permite progresar por tramos desde el mismo puesto en la empresa o administración pública, y también se regulan las figuras de los directivos públicos. Se utilizará un sistema de tramos donde se valorará la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en una retribución adicional con el nuevo complemento de carrera.
Algunas de las medidas aprobadas, ha indicado Bolaños, derivan del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2006. "Se refuerza la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos y funcionarios", ha afirmado el ministros, lo que servirá para valorar su conducta, desempeño y el cumplimiento de objetivos.
El titular de Justicia ha avanzado asimismo una "planificación estratégica de los recursos humanos" en el ámbito del empleo público con la profesionalización de los tribunales, un modelo de selección "más ágil" y la transformación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en una "agencia".
