El adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía empezó a tomar forma cuando Ciudadanos rompió el pacto de Gobierno el 7 de septiembre pero la Junta tiene dos frentes abiertos tras cuyas siglas la oposición sitúa los principales motivos de Susana Díaz para anticipar los comicios: Faffe y ERE.
La investigación abierta en torno a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) -extinta desde 2011 y dependiente de la Consejería de Empleo- la inició el PP-A a raíz de un extracto bancario en el que se reflejaban varios cargos por un importe de 15.000 euros a un club de alterne.
El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha ofrecido este lunes nuevos datos sobre el desarrollo de las pesquisas. Según ha revelado a los medios, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indica en un atestado la existencia de hasta ocho tarjetas 'black' mientras existió la Faffe.
El informe de la UCO advierte de unos 80.000 euros gastados de las arcas públicas: casi 32.000 en clubs de alterne
Con ellas se habrían gastado un total 80.000 euros de dinero público. Entre los desembolsos registrados destacan 31.969 euros en "doce juergas" -ha dicho Moreno- pagadas con tres de esas tarjetas en cinco clubs de alterne en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Además, fueron cargados 19.000 euros en peajes, 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles o 4.300 sin justificar.
En julio, el grupo popular pidió una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre presuntas irregularidades en el uso de dinero público y en las subvenciones otorgadas a esa fundación. Este martes, la comisión tiene convocada una reunión para dar luz verde al plan de trabajo en la que el PP planteará el 26 de octubre como fecha en la que comparezcan Díaz, los expresidentes Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2011) y el actual consejero de Empleo, Javier Carnero. Sin embargo, el adelanto electoral que ya venían sospechando en el PP desde hace semanas impedirá que la comisión que apoya toda la oposición opere al quedar disuelto el Parlamento.
"Ni Díaz, ni Chaves ni Griñán, ni todos los responsables públicos que durante esos años tuvieron algún tipo de responsabilidad de Gobierno relacionada con este asunto se van a escapar de comparecer en el Parlamento andaluz aunque la presidenta disuelva la Cámara en los próximos días", ha advertido hoy el portavoz y presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (CS) en el Parlamento, Juan Marín, que ve la misma estrategia de ocultación en los planes de Díaz. Los tres serán también requeridos por PP-A y Podemos.
La postura desde la Junta es contraria. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha asegurado este lunes que continuará colaborando con la instrucción del caso por el posible uso indebido de las tarjetas, que estaban asociadas a una cuenta corriente con 828 millones de euros. Mediante un comunicado, la Consejería ha asegurado haber entregado a la Justicia más de tres millones de registros contables correspondientes a los años 2003 a 2011, además del acceso a toda la documentación requerida por la UCO.
Según ha recordado, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía está personado como acusación particular y Fernando Villén, titular de una de las tarjetas, comparecerá ante la jueza el jueves 11 de octubre.
El vicepresidente de la Junta: "Lo que ha hecho el PP hoy no tiene nombre"
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha lamentado por su parte la utilización por parte del PP de este asunto y ha recordado que los datos ofrecidos por Moreno ha sido información que la Junta ha puesto a disposición del juzgado: "Lo que ha hecho el PP hoy no tiene nombre".
El otro caso, viejo conocido, es el de los ERE, que este año ha albergado las declaraciones de los altos cargos implicados y que podría arrojar la sentencia para febrero o marzo de 2019. Desde el 11 de septiembre se desarrolla la prueba pericial de las investigación a los cursos de formación. Este año, desde el mes de abril, han tenido lugar las declaraciones de entre otros, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que negaron conocer la presunta trama corrupta en torno a las ayudas sociolaborales que se investiga desde 2011. De hecho, por este caso tendrá que comparecer Díaz el 8 de noviembre ante la comisión de los ERE falsos abierta en el Senado, en plena precampaña.
De no haber adelanto electoral, las elecciones marcadas según el calendario electoral para marzo, podrían ocurrir con el auto ya publicado. Este es el segundo punto por el que el PP evidencia que Díaz también está interesada en el adelanto electoral.
