Una nueva polémica se abatió sobre el Gobierno, tras descubrirse que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, cuenta con una sociedad patrimonial con la que gestiona dos casas: su vivienda habitual en Madrid y una segunda residencia en Alicante.
Como el propio Duque explicó, no es ilegal comprar un inmueble a través de una sociedad en vez de hacerlo como persona física; de hecho, las diferencias en materia fiscal son reducidas. Ahora bien, las cuentas de Copenhague Gestores plantean dudas razonables sobre cuál es su fin.
Desde su fundación en 2005, la patrimonial del ministro permitió a su titular deducirse fiscalmente más de 72.000 euros. Esa cuantía equivale a más de un 25% de las pérdidas acumuladas por Copenhague, que ascienden a 280.000 euros. En primer lugar, no está claro a qué se deben esos números rojos en una sociedad sin actividad.
De hecho, en varios años no declara ingresos y Duque y su esposa aseguran que no pagan a la sociedad en concepto de autoalquiler. Es posible, a juzgar por lo abultado de las pérdidas, que el ministro cargara en ella los gastos del mantenimiento de sus fincas, como el IBI.
Estos no son deducibles en el IRPF por lo que, en este caso, la patrimonial serviría como un atajo para rebajar la factura fiscal. Existe la posibilidad de que los gastos imputados se deriven de las hipotecas de estos inmuebles. Ahora bien, el volumen de las deducciones fiscales que Duque obtuvo gracias a su sociedad son también superiores a los que le habrían correspondido en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual.
En estas circunstancias, cabe pensar que el ministro sí obtuvo ventajas fiscales, por lo que debe acudir al Congreso para explicarse, al tiempo que es también inexcusable que Hacienda investigue.
