Cataluña salió el mes pasado de la interinidad institucional, con el levantamiento del artículo 155 y con la formación de un Govern cuya composición cumple con la ley, ya que excluye a encausados y huidos. Más allá de la Generalitat, el regreso a la ortodoxia también influye en las instituciones económicas, ya que las tres principales organizaciones empresariales catalanas (la Cámara de Comercio de Barcelona, Fomento del Trabajo y el Círculo de Economía) deberían estar en condiciones de afrontar la renovación pendiente de sus cúpulas en una situación de normalidad.
Ahora bien, una vez superado el bloqueo, surgen las posibilidades de que el proceso se vea muy influido por estrategias políticas. El equipo del nuevo president Quim Torra ya trabaja para colocar al frente de todos estos organismos a personas afines al ideario independentista. Si ese plan triunfara, Torra estaría en disposición de dar por cerrado uno de los principales talones de Aquiles que mostró el apoyo a la causa independentista.
Se trata del distanciamiento, cuando no la abierta crítica, que estos organismos mostraron, sobre todo, cuando el anterior Govern y el Parlament optaron por las acciones unilaterales. Con líderes afines en las patronales, Torra lograría ahora escenificar un apoyo a la causa independentista capaz de contrarrestar las reacciones hasta ahora usuales en gran parte de la gran empresa, como es el cambio de domicilios fiscales y sociales.
Sin embargo, esta estrategia amenaza con cobrarse un alto coste reputacional en términos de credibilidad. Organismos como la Cámara, que agrupan a 400.000 empresas de diferentes sensibilidades, no pueden permitirse ser monopolizadas con fines políticos.