La portavoz de la Ejecutiva y secretaria de Formación de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, se mostró muy pesimista sobre la posibilidad de abordar próximamente la reforma de la financiación autonómica. En su intervención en el último Ágora de elEconomista, Arrimadas tildó de "imposibles" los pactos en esta materia, una posición que sólo se puede considerar realista.
En primer lugar, el triunfo de la moción de censura dinamita los acercamientos que se produjeron entre los barones socialistas y Moncloa. Pero incluso más decisiva es la debilidad del nuevo Gobierno. En una reforma "importantísima", como la calificó Arrimadas, comparable en calado a la que exige el sistema de pensiones, de nada sirven los decretos, sino que debe instituirse por ley orgánica.
Y los pactos que una norma de ese rango reclama son muy difíciles de alcanzar para un Ejecutivo con el apoyo asegurado de únicamente 84 diputados. Además, resultó oportuna la alusión de la líder de Ciudadanos en Cataluña a la manera en que el separatismo usa como abono para su "victimismo" el bloqueo en esta materia.
No es casualidad que la Generalitat se haya autoexcluido de todas las reuniones preparatorias de la reforma en los últimos meses. Sólo cabe lamentar estas circunstancias, que abocan a la parálisis de la reforma, dadas las dimensiones de sus daños. Se asegura de este modo la continuidad de un sistema de reparto ineficiente, pendiente de cambios desde 2014, que condena a la infrafinanciación a amplias áreas como el Arco Mediterráneo.
Y además, como Arrimadas destacó, se hace imposible afrontar un debate de tanta importancia como es el referente a las garantías de unos servicios públicos básicos comunes en todas las autonomías.