El año pasado fue aquél en que el Gobierno dio un paso que barajaba desde hacía tiempo: paliar la situación de la Seguridad Social con préstamos del Estado, respaldados con emisiones de deuda. Desde entonces, no ha dejado de recurrir a este método para desembolsar las pagas extra, dada la precariedad del Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones. Y nada permite prever un pronto final para este mecanismo.
De hecho, a tenor de los pronósticos que contiene el último Programa de Estabilidad, los préstamos serán necesarios, como mínimo, hasta 2020. Es bien sabido que estos créditos no son tan novedosos, en la medida en que replican el funcionamiento de la propia hucha. Así, los recursos de esta última contabilizan como activos mientras están en el Fondo.
Por el contrario, en el momento en que se sacan para hacer pagos, se clasifican como pasivos, al igual que una colocación de bonos en el mercado. Por tanto, el plan de Hacienda en principio sólo implica un cambio de titularidad: ahora será el Estado el que financiará, en una parte creciente, el sistema de pensiones.
El problema estriba en que la Administración central ya presenta un alto nivel de deuda, cercano al 100%, y la carga que le suponen las pensiones supone 65.000 millones más en cuatro años. Ese mayor pasivo llegará, además en un momento inoportuno, ya que es probable que las futuras subidas de la inflación (debidas al crudo) fuercen al BCE a adelantar las alzas de tipos, lo que impactará en los costes de financiación.
El pago de las pensiones por la vía de los créditos implica, por tanto, pagar un alto peaje. La Seguridad Social reclama otras soluciones que pasan por hacer nuevas reformas y no revertir las que ya estaban en marcha.
