El pacto PP y PNV para volver a ligar las pensiones al IPC asegura al Gobierno agotar la legislatura, pero a cambio de un alto precio. Para empezar, el alza de las prestaciones originará un desembolso que supera los 4.800 millones y que el Ejecutivo pretende compensar con un nuevo impuesto a las tecnológicas.
El Programa de Estabilidad 2018-2022, remitido a Bruselas, habla además de nuevos impuestos en plural, lo que implica que a la ya anunciada tasa digital se sumarán nuevos tributos, con los que se pretende recaudar en total 2.100 millones hasta finales de 2019.
El Gobierno, en lugar de tomar las riendas y adoptar nuevas medidas de ajuste que sirvan para paliar este déficit, opta por castigar a los trabajadores con nuevos impuestos que, además de no saberse cuándo se pondrán en funcionamiento, solo cubren el 44% de un alza errónea que compromete, y mucho, al sistema de pensiones. Máxime si se tiene en cuenta que es imprescindible afrontar el reto que supone que la generación del baby boom se acerque a la edad de jubilación.
Lejos de tenerlo en cuenta, el Ejecutivo ignora los consejos de la Comisión Europea y comete el grave error de retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en el cálculo de las prestaciones, que debería haber reducido las pensiones en 2019. Muy al contrario, el hecho de volver a ligarlas al IPC hará que el déficit de la Seguridad Social, que ya asciende a 18.800 millones, vuelva a subir.
A ello hay que sumar que se trata de una medida que no favorece a todos los jubilados por igual, ya que los más beneficiados serán los que más cobran. Se comprueba, por tanto, el alto precio que implican decisiones equivocadas, como posponer la reforma de las pensiones, e incrementar las prestaciones.
