La deriva soberanista catalana ha provocado daños en múltiples frentes económicos. Algunos son bien conocidos, como la caída de la actividad en sectores al cierre de 2017 o el éxodo de más de 3.000 empresas. Otros perjuicios afloran ahora, como la fuga de depósitos bancarios que revela el Banco de España. Su última estadística manifiesta la huida de 31.400 millones de octubre a diciembre.
Se trata de una cifra demasiado elevada para achacarla a otro tipo de factores, como los bajos tipos de interés, que animan al trasvase de capital desde los depósitos a productos más rentables. Pero, además, existen varios argumentos que permiten establecer una relación estrecha con la etapa más extrema del procés.
No puede ser casual que la salida de dinero se disparase en el último trimestre de 2017, cuando la deriva soberanista alcanzó su paroxismo, con el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia. Del mismo modo, también es significativo el corto trayecto que recorrió una parte notable de los ahorros que huían, ya que no pasaron de Aragón, Madrid o Valencia.
Todos ellos son territorios cercanos a Cataluña que entonces ofrecieron una clara ventaja competitiva: seguridad jurídica. Queda así en evidencia cómo ni personas físicas ni empresas están dispuestos a arriesgar sus capitales frente a la incertidumbre institucional. El soberanismo no ha dado aún suficientes pruebas de que quiere abandonar ese camino, a juzgar por la parálisis en que Cataluña sigue sumida y por el propósito de la Mesa del Parlament de volver a estudiar una investidura a distancia. La unilateralidad y la violación de la ley ya minó Cataluña al cierre de 2017. Retomar esa vía implica poner en riesgo todo su futuro económico.
