La nueva Ley de Contratos del Sector Público está en vigor desde el viernes. Gracias a ello, Fomento pone fin a un largo periodo de arduas negociaciones y, sobre todo, apacigua los ánimos en la UE. No en vano los retrasos que España acumulaba en la adaptación de la normativa europea en ese ámbito estaban cerca de desembocar en multas.
Sin embargo, lo más importante es que nuestro país cuenta con una normativa que dota de mayor transparencia a los procesos de licitación y que incrementa las posibilidades de las pymes de competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones.
Ahora bien, todo el potencial de la ley para promover esos beneficios quedará en nada si las Administraciones que deben aplicarla no hacen el suficiente esfuerzo para adaptarse. No es el caso de dos grandes licitadores, dependientes del Estado, como son Adif y la Dirección General de Tráfico.
Pero la situación es muy diferente en lo que concierne a las comunidades autónomas y, sobre todo, las diputaciones y los ayuntamientos. De hecho, las ingenierías y constructoras denuncian que muchas de estas corporaciones locales no han empezado siquiera a adaptarse a las nuevas normas de contratación.
Se trata de un retraso difícil de explicar considerando que las negociaciones de la nueva ley se prolongaron durante dos años. Pero, además carece de toda posible justificación si se considera el grave perjuicio que puede causar, en forma de una parálisis de meses en las licitaciones públicas.
Resulta urgente anticiparse a esa situación, urgiendo a todas las Administraciones a que prioricen la adaptación a la nueva norma. De lo contrario, ésta quedará lastrada y, lejos de constituir un revulsivo para el sector, como se pretende, será su mayor freno.
