El año 2017 conservó en Europa una de las constantes de los dos últimos ejercicios: la baja inflación. Es muy probable que en 2018 continúe esa tendencia y el IPC se mantenga en los próximos meses en torno al actual 1,7%. Sin embargo, ese hecho no impide que los españoles se enfrenten el año próximo a subidas abultadas de precios en algunos sectores.
Es el caso de las telecomunicaciones, donde el crecimiento exponencial de la transmisión de datos, gracias al intercambio masivo de vídeos, lleva a los operadores a elevar sus tarifas por tercer año consecutivo. Pero las mayores subidas, de hasta el 6%, afectarán a productos derivados del petróleo como el gas natural, el butano y los carburantes.
Se trata de un alza completamente lógica, debido a que el crudo se encuentra en máximos de 2015, como resultado del recorte de la oferta en el que siguen embarcados la OPEP y Rusia. Sin duda, se trata de un encarecimiento que afecta a servicios básicos y es comprensible que las autoridades busquen maneras de paliar sus efectos con bonificaciones en beneficio de los colectivos más desfavorecidos.
Ahora bien, mucho menos justificable resulta el propósito de aislar a un mercado en su conjunto, sin distinción entre consumidores, de este tipo de encarecimientos. Es lo que harán Gobiernos autonómicos como el madrileño, obstinado en vetar por principio toda subida del transporte público durante sus cuatro años de legislatura (de 2015 a 2019).
Una medida intervencionista como ésta distorsiona el rol que los precios desempeñan, como termómetro de la eficiencia con la que funciona un determinado mercado, al mismo tiempo que incrementa las cargas del erario público.
