El Gobierno acordó, en 2015, una nueva medida para fomentar la contratación de planes de pensiones. Estos se caracterizan por su iliquidez y el Ejecutivo decidió mitigarla permitiendo, cada 10 años, hacer reembolsos (siempre que el ahorrador haya aportado a su plan de pensiones como mínimo durante una década).
Este mes, el Ejecutivo concretó las condiciones bajo la que los reembolsos se podrán hacer en 2025 (el primer año en que la ley los permitirá) y, sin duda, opta por dejar amplios márgenes. Así, al hecho de que no se define una lista de motivos que autorice el rescate de aportaciones, se suma la desaparición del límite de 10.000 euros inicialmente barajado para las cantidades que podían recuperarse.
En este contexto, la banca muestra una comprensible preocupación. Puede afirmarse que existe el riesgo de que los planes de pensiones acaben descapitalizados. Sin duda, los supuestos hasta ahora contemplados para recuperar aportaciones a los planes de pensiones eran muy restrictivos. Si el ahorrador no estaba jubilado, solo podía acceder a su dinero en caso de desahucio, paro o enfermedad grave. Es lógico contemplar una ampliación de la lista de motivos que incluya, por ejemplo, la necesidad de asistir a un cónyuge o familiar cercano.
Ahora bien, esta medida está muy lejos de no someter los reembolsos a ningún tipo de limitación. Se trata de un paso temerario en un país en el que apenas existen incentivos para mantener la inversión sostenida a largo plazo que un plan de pensiones exige. De hecho, aunque la medida buscaba elevar el atractivo de estos productos, puede darse la paradoja de que aseste un golpe al ahorro complementario a la pensión pública, ahora que la Seguridad Social lo necesita más que nunca.
