Los escasos 80 trabajadores que tiene Deliveroo en plantilla saben cómo deben dirigirse a los más de 1.000 repartidores autónomos que trabajan para la compañía. Entre otros términos, las palabras salario, trabajo, contrato o despido están prohibidas. En su lugar, deben utilizarse remuneración, colaboración, marco de colaboración o fin de la colaboración.
Incluso Deliveroo impide que la palabra formación sea pronunciada y exige a sus empleados hablar de sesiones informativas. El objetivo que esta firma de economía colaborativa busca con este adoctrinamiento a su plantilla es evitar una inspección de trabajo. De ahí que impida la utilización de cualquier vocablo que implique la existencia de una relación laboral que obligue a la empresa a cotizar a la Seguridad Social y pagar los impuestos correspondientes.
Resulta evidente que el modelo de negocio de Deliveroo y lo ajustado de sus márgenes lleva a la firma a contar con más trabajadores autónomos que empleados en plantilla. Pero eso no puede servir de excusa para que esta compañía maniobre para saltarse la ley. Y tampoco puede dar a pie a que a dichos autónomos se les impongan unas cuestionables condiciones laborales bajo las que desempeñan sus obligaciones y por las que ya fueron a la huelga la pasada semana.
Deliveroo debe ser consciente de que los autónomos tienen unos derechos que no deben ser vulnerados. También debe adaptarse a las leyes laborales que rigen en España y no tratar de esquivarlas, como intenta con el aleccionamiento a su plantilla o con el nuevo acuerdo que busca con los autónomos. Por todo ello, urge que erradique estas prácticas o que sea sancionada con dureza si se niega a hacerlo.
